El gobierno nacional cree que la justicia porteña no tendría autoridad para cuestionar este tipo de actos

Luego de la ordenanza judicial para que la Ciudad de Buenos Aires abra sus escuelas, Radio Jai dialogó con el abogado Matías Desalvio, acerca de este polémico fallo y su trasfondo.

“Es importante situarnos en este cuadro y pensar que en un sistema democrático tenemos una división de poderes, la justicia es el órgano que en este caso se encargaría de revisar las decisiones adoptadas por el poder ejecutivo. Sobre eso no hay ninguna duda, pero luego se puede llegar a analizar si la justicia ordinaria puede analizar decisiones tomadas por el gobierno nacional o si debería ser la justicia federal la encargada de analizar ese tipo de decisiones, esa sería la discusión entre el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Lo importante es no perder de vista que lo que ocurre cuando se adoptan medidas de esta naturaleza, se restringen garantías y derechos que nacen de la constitución nacional, y en ese cuadro de situación hay que ser siempre muy cautelosos y respetuosos. Hoy se contraponen dos cuestiones de peso, por un lado la salud pública y por el otro lado la educación, habrá que ver si es viable la escuela virtual en el AMBA como el gobierno nacional ha propuesto, que también ha dejado claro que según ellos la salud pública debe prevalecer frente a la educación y la economía”.

“Mientras que no se decrete un estado de sitio hay que sostener el sistema federal de gobierno, donde hay determinadas decisiones que le son reservadas a los gobiernos locales sobre las cuales el gobierno nacional no puede avanzar”. “El tema de los contagios no tiene que ver tanto con las clases en sí, sino con el transporte que implica la presencialidad”.

“Creo que en estos días la Corte Suprema va a dictar un veredicto en cuanto si el avance del Estado nacional sobre cuestiones que no le competen está ajustado al derecho o no. A la vez, el gobierno nacional cree que la justicia porteña no tendría autoridad para cuestionar este tipo de actos de gobierno”. “No hay ningún político dispuesto a llamar al Estado de sitio con su nombre adecuado sin perjuicio de que nosotros podríamos decir que las medidas restrictivas afectan garantías constitucionales. Hay que tener en cuenta que muchos presidentes implementaron el Estado de sitio, desde Alfonsín a De La Rúa, pero tiene un costo político altísimo”.

“Es triste la utilización política de un lado y del otro de una situación de emergencia que nos está matando a todos, me parece que es hora de zanjar diferencias y de ponerse a trabajar de una manera armónica, consciente y pensando en el interés público, no es momento de conflictos políticos”. “Es necesario conformar un consejo federal de crisis, compuesto por miembros de todos los ministerios de todas las provincias del país porque hay que adaptar cuestiones administrativas a cuestiones demográficas, económicas y a posibilidades de determinada franja poblacional. Me parece bien que las medidas adoptadas sean evaluadas desde todas las ópticas porque el riesgo de tomar decisiones apuradas incluye la no contemplación de las consecuencias a mediano y largo plazo”.

Finalmente, concluyó: “El daño que le estamos haciendo con todo esto a los chicos es fatal, porque se están volviendo locos, no saben si vuelven a la escuela, este año con la vuelta estaban muy contentos y no es lo mismo la educación a distancia que la educación presencial, de ninguna manera se logra adquirir la misma cantidad de conocimiento, sobre todo en los niños menores. El año pasado la no concurrencia a las instituciones educativas les generó un prejuicio de quién sabe cuantos años vamos a tardar en remendarlo”.

 

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