La orden se produce en medio de un escándalo en el que está implicada la empresa israelí NSO Group, cuyo software Pegasus se ha utilizado en todo el mundo para acceder a los teléfonos de activistas de derechos humanos, periodistas e incluso miembros del clero católico.
Los problemas de la empresa se agravaron a principios de este mes cuando la administración Biden anunció que la incluía en la lista negra, junto con otra empresa israelí de ciberseguridad llamada Candiru.