Después de tres años y medio, el nuevo gobierno israelí se dispone a aprobar la “ley de leyes”, que es el presupuesto para el periodo 2021/2022.
La última vez que un gobierno de Israel aprobó un presupuesto estatal fue en enero de 2018, cuando se aprobó el presupuesto de 2019. Después de una serie de crisis políticas, y periodos en los cuales los diferentes gobiernos actuaron bajo un presupuesto “de continuidad del anterior”, finalmente se discutirá la aprobación del presupuesto estatal para 2021 y 2022.
El presupuesto estatal es la principal herramienta utilizada por el estado y gobierno israelí para implementar sus políticas y prioridades.
Una de las leyes constitucionales del Estado israelí: La Ley de Economía del Estado, estipula que el presupuesto será determinado por ley y se presentará en la Knesset a más tardar sesenta días antes del comienzo del año fiscal. Posteriormente, la falta de aprobación del presupuesto por parte del órgano parlamentario podría desembocar en la dispersión de la Knesset y la convocatoria a nuevas elecciones.
Junto con la ley del presupuesto, el Gobierno presenta para su aprobación por la Knesset la “ley de reordenamiento” (JOK A HESDERIM), que es una ley que propone todos los cambios legislativos que pretende implementar el gobierno como parte de la ejecución del presupuesto estatal.
La ley de reordenamiento se ha presentado a la Knesset todos los años, desde 1985, junto con la presentación de la propuesta de presupuesto estatal. La ley introduce una colección de modificaciones formuladas en áreas donde el gobierno intenta incorporar una legislación especial. En lugar de presentar un proyecto de ley sobre cada tema, el gobierno tiende a contener todas sus propuestas en un solo proyecto de ley, que es la Ley de reordenamiento.
A finales del mes de julio se dio a conocer el contenido de la propuesta de ley de reordenamiento, con importantes reformas que el Gobierno espera aprobar junto con el presupuesto estatal para 2021-2022.
Muchos de los cambios esbozados tuvieron que ser eliminados del cuerpo legal por la oposición del Fiscal general, Avichai Mandelblit a su introducción en una norma tan general. Una de las grandes reformas que se intentó pasar a través de la ley de reordenamiento, y fue vetada por el Fiscal General, fue la creación del Ente de Regulación, que “casualmente” tiene como objetivo llevar adelante una gran reducción del volumen de la regulación en la economía Israelí, con cierta similitud a la implementada en Argentina durante el periodo de Cavallo. Así y todo, la propuesta de ley de reordenamiento contiene una enorme cantidad de reformas en materia regulatoria de la economía israelí, cuya aprobación final estará sujeta a la aprobación de la Knesset en un contexto parlamentario en el cual la coalición del gobierno pende de un hilo por la mayoría requerida para su confirmación.
Darío Sykuler, abogado matriculado en Argentina e Israel y Secretario de la Cámara de Comercio Argentino israelí.