Legalizando la discriminación a través del BDS

Ya comenzó la discusión en el congreso chileno sobre la posible votación del proyecto BDS, situación preocupante, ya que existen argumentos claros dentro del marco legal y moral, para que esto no se lleve a cabo. La iniciativa, liderada por el diputado Sergio Gahona, ha recorrido un largo camino que al parecer podría finalmente ser votada, sin importar que este tipo de iniciativas ya es ilegal en varios países del mundo.

En primer lugar, es importante destacar que, a pesar de que en la redacción del proyecto de ley no se especifica en ningún momento a qué territorios se pretende aplicar, en virtud de no darle un carácter discriminatorio y arbitrario como establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), que prohíbe el trato diferenciado –o la discriminación arbitraria o injustificable– de los bienes y servicios comerciales por su origen en un lugar o país determinado, los redactores y promotores no han tenido tapujos en declarar que está orientada específicamente a los productos israelíes.

 

Esto, de por sí, es un tema sumamente delicado, ya que el derecho internacional está lejos de ser un elemento objetivo e imparcial, sino que, por el contrario, está intrínsecamente maleado por la política y los intereses internacionales de las naciones, lo cual dista de otorgar una claridad de conceptos y la objetividad suficiente para garantizar cualquier tipo de certeza jurídica en la aplicación de esta norma.

 

Hoy en día, persisten numerosos conflictos territoriales en el mundo, como, por ejemplo, en el Tíbet, Taiwán, Crimea, norte de Chipre, Sahara Occidental y Georgia, entre otros. El estatus de estos territorios es controvertido debido a la influencia y hegemonía de las grandes potencias involucradas, pero, fácilmente, la comunidad internacional podría, haciendo uso de la discrecionalidad que le otorga el derecho internacional, declararlos como territorios ocupados. Asimismo, Chile no está exento de conflictos de esta naturaleza: la Araucanía, a raíz del conflicto mapuche, podría eventualmente ser reconocida como un territorio ocupado, por lo que promulgar una ley que esté sujeta al vaivén de la política internacional conllevaría gravísimas consecuencias económicas y diplomáticas.

 

Por otro lado, en caso que el proyecto se modifique y, contrariando al mismo derecho internacional al cual apelan como fundamento, desvergonzadamente se singularice a Israel, es fundamental entender cuáles son los efectos reales que puede causar dentro del mismo conflicto. El tomar una medida unilateral contra uno de los bandos significaría caer en la simplificación e instrumentalización que procuran los radicales anti-israelíes que no reconocen responsabilidad alguna sobre el conflicto de las autoridades palestinas y se desentienden de las gravísimas violaciones a los derechos humanos, cometidas por ellos mismos en contra de su propio pueblo. Logrando, así, simplemente fortalecer a la Autoridad Nacional Palestina y a Hamas, ambos de la peor clase de regímenes dictatoriales y corruptos, encaminándolos a seguir beneficiándose del conflicto y de la miseria de su gente.

 

Además, es sabido que las sanciones a la economía en estos territorios afectan mayormente a sus habitantes, siendo un sinsentido total querer apoyar a la población palestina, pero al mismo tiempo coartar sus fuentes de ingresos, por lo que cuesta creer que la verdadera motivación de esta ley son los derechos humanos y no simplemente tratar de dañar a Israel en la esfera pública. En ese sentido, el impacto político-económico sería mucho más perjudicial para Chile, ya que aliados como Estados Unidos y otros países han proscrito todos los proyectos similares e incluso han establecido sanciones para quienes los apliquen.

 

Por todo lo anterior, queremos hacer un llamado a la sensatez y a la cordura de nuestros representantes a la hora de votar este proyecto, para que privilegien los intereses del pueblo chileno, los derechos humanos y la paz en Medio Oriente, en vez de la conveniencia de quienes se favorecen de la confrontación.

 

Ariel Bohorodzaner

Asesor Parlamentario

Comunidad Chilena de Israel

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