El gobierno estará integrado por un total de seis partidos y compuesto de 64 diputados, de una Cámara de 120.
Netanyahu ocupará el cargo de primer ministro, mientras que algunos de sus principales aliados en el Likud junto a los líderes de las facciones ultraderechistas Noam, Poder Judío y Sionismo Religioso, y de las ultraortodoxas Shas y Judaísmo Unido por la Torá, se dividirán las carteras ministeriales más importantes.
«Logramos el objetivo, buena parte del Estado de Israel, más de 2 millones de personas, votó por el campo nacional liderado por nosotros. Estableceremos un gobierno estable por un mandato entero que cuidará de todos los ciudadanos de Israel», dijo Netanyahu durante una reunión con los miembros de su partido.
Si bien hasta el momento no ha trascendido el texto completo de los acuerdos de coalición, un portavoz del Likud difundió hoy algunas cuestiones mencionadas en ellos.
Estas incluyen la profundización de los lazos con los nuevos socios regionales de Israel, un plan a largo plazo para construir un tren rápido que atraviese el territorio nacional de norte a sur y la voluntad de «promover la igualdad en el sistema educativo» y aumentar la educación religiosa.
Además, mencionó una iniciativa para ofrecer escolaridad pública para niños de hasta tres años, incentivos para el trabajo autónomo y un proyecto para disminuir el costo de vida, entre otras cosas.
Por otra parte, el partido de Netanyahu dio a conocer también una serie de «lineamientos básicos» del nuevo ejecutivo.
Estos incluyen «el derecho exclusivo e incuestionable del pueblo judío a todo el territorio de Israel», el fomento de la construcción de asentamientos en Judea y Samaria (Cisjordania), en los Altos del Golán, el desierto del Néguev y la región de la Galilea y un foco importante en «el fortalecimiento de la seguridad nacional a través de la lucha contra la violencia y el terrorismo».
También mencionan la intención de «luchar contra la pobreza», «reducir los costos de la vivienda» y «seguir luchando contra el programa nuclear de Irán».
Estos lineamientos hacen referencia también al balance entre los distintos poderes del Estado y anticipan que «se tomarán medidas para garantizar la gobernabilidad y restablecer el equilibrio adecuado entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial».
Esta cuestión ha generado especial preocupación en las últimas semanas, sobre todo en torno a la denominada «cláusula de anulación», que permitiría que la Knéset (Parlamento) apruebe leyes que contradigan las Leyes Básicas del país -la norma fundamental a falta de una Constitución- y eliminaría la capacidad de la Corte Suprema de anularlas. EFE y Aurora
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