El día 2 de mayo de 2020, en el programa radial “Toma y Daca” – AM 750 -, la jueza de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, afirmó que durante diciembre de 2015 un miembro del Ministerio de Justicia se presentó en su despacho y le preguntó cuánto iba a demorar en sacar un fallo.
Figueroa presentó esa manifestación como una presión, pero aclaró que no lo denunció. Cuando se le preguntó en qué causa ocurrió ese hecho, manifestó: “No lo tengo muy presente, pero me parece que fue por la inconstitucionalidad del memorándum con Irán”.
Estas expresiones determinaron que El senador Oscar Parrilli anticipe que pedirá la nulidad del fallo sobre el Memorándum con Irán al igual que la actual vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien a través de su abogada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) denunció presiones a la jueza Figueroa para reabrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman.
Es por este motivo que el abogado Dr Tomás Farini Duggan, quien representa a los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, dialogó en forma exclusiva con Vis á Vis y dijo: «Parrilli cree que Figueroa fue presionada para fallar en la reapertura de la causa por la denuncia de Nisman, y anunció públicamente que pedirá la nulidad de la reapertura de la causa, donde él fue procesado. La reapertura de la denuncia de Nisman ocurrió en 2016. Allí Figueroa falló conjuntamente con los otros dos jueces para que se reabra la investigación. Ese hecho no tiene nada que ver con lo que describe Figueroa en la entrevista periodística».
Con respecto a las expresiones de Cristina Kirchner, Farini Duggan agregó: «En igual sentido, la actual vicepresidenta, a través de su abogada Graciana Peñafort, anunció que se ha presentado en el CIHD denunciando presiones a la jueza Figueroa para reabrir la denuncia de Nisman. Si esa presentación se concreta describirá hechos falsos, porque ello no fue lo que dijo Figueroa. Ella claramente refiere a que el episodio que califica como presión ocurrió en la apelación por la declaración de inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán, en el que debía fallar en diciembre de 2015».
«Es decir, la tardía y nunca denunciada presión que alega Figueroa, como las presentaciones de Parrilli y Cristina, sólo pueden ser usadas para que se alegue que el memorándum de entendimiento con Irán sigue vigente. Esta es la postura de Irán, que por ello pidió la caída de las alertas rojas a INTERPOL», manifestó el abogado.
Para finalizar, Farini Duggan explicó: «El hecho que describe la jueza, de haber ocurrido realmente, no parece describir una presión para que falle en un sentido determinado. Si ella lo interpretó así, tenía el deber jurídico de denunciarlo. El artículo 177, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) establece que ‘Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1. Los funcionarios…públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones’. Es decir, Figueroa ‘debía’ denunciarlo pero no lo denunció. De ser así pudo cometer el delito del artículo 249 del CPPN ‘…el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio’. Efectivamente, Figueroa debía fallar en diciembre de 2015 sobre la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán, pero el gobierno desistió del recurso y por ello quedo firme la sentencia de Cámara que así lo declaró