El mundo occidental, o lo que resta de él, se halla en estado de alerta. El Gobierno de la República Popular China (RPC), cuyos líderes se caracterizan por negociar todo, o casi todo, no suele amenazar en vano. Sobre todo cuando, como en este caso, está en juego su noción de disciplinar la conducta sociopolítica de Hong Kong y recordarle quién manda y cuáles son las reglas o disciplinas preferidas de la casa matriz del país, dirigida por la concepción de un fuerte Partido Comunista.
Pekín recuperó esa colonia en 1997, bajo la promesa de que cuando menos por cincuenta años sería parte de un país con dos sistemas distintos y autónomos de gobierno, concepto que está a punto de capotar. La RPC tiene una economía socialista de mercado y la isla, de casi 7,5 millones de habitantes habituados a uno de los capitalismo más ortodoxos que existen en el planeta, es una ciudad Estado donde se ejercían con bastante pureza todas las libertades individuales y constituía un modelo de centro productivo, comercial y financiero. La historia de cómo llegaron las cosas a este punto, fue descripta en columnas anteriores y es parte de los temas prioritarios de la prensa internacional.
Hasta ahora la posición de los países europeos, quienes venían negociando un Acuerdo de Comercio e Inversión con la RPC, se orientaba al diálogo y no a las sanciones. A Bruselas le preocupa que estos hechos puedan afectar sus amplios vínculos diplomáticos, el nivel del intercambio y un considerable flujo de capitales. La lectura del actual escenario parece tener en cuenta que, durante el mandato del presidente Donald Trump, las relaciones transatlánticas se caracterizaron por su imprevisibilidad e inestabilidad. Sin embargo, ante la sanción de una nueva Ley de Seguridad que da rienda suelta al incidir sobre Hong Kong y sus políticas asertivas en múltiples aspectos, comenzó un sensible replanteo de las estrategias destinadas a lograr una defensa integral y compartida de sus intereses. El Euro Parlamento sigue con gran inquietud el tema y el jueves 9 de julio su Presidente dijo que las “autoridades relevantes deben respetar sus compromisos internacionales y las libertades fundamentales”
Como se recordará, el pasado 28 de mayo el Congreso Nacional del Pueblo (CNP) de la RPC solicitó a su Comité Ejecutivo la redacción de una ley de seguridad nacional aplicable a la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK). Varios gobiernos occidentales y grupos de opinión interpretaron esa medida como una amenaza a la Declaración Conjunta Sino-británica de 1984, al Tratado de Transferencia de la soberanía del Reino Unido a China (1-7-1997) y a la Ley Básica china de 1990 estableciendo la RAEHK.
Bajo tales acuerdos, Hong Kong no sólo podía ejercer un alto nivel de autonomía, preservar su sistema legal y político libertario, con excepción del manejo de las relaciones exteriores y la defensa, sino también quedaba autorizada a garantizar que los derechos y libertades de su pueblo permanecerían inalterados hasta por lo menos 2047. Ante ello, la nueva ley de seguridad es vista como el fin del compromiso que asumiera la RPC de sostener el régimen descripto como “Un país, dos sistemas”.
La iniciativa del Gobierno chino desató inquietud global bajo la percepción de que la RPC estaba dejando atrás los principios y normas que le fueron útiles en los últimos 40 años para alcanzar su actual prosperidad. China no sólo venía imitando muchas de las reglas y costumbres de Hong Kong, sino que empleaba las facilidades y contactos empresarios de la isla para hacer transacciones que, por diversos motivos, no podían hacerse desde el territorio comunista. Entre otras, acciones de elusión a las disciplinas de competencia (dumping y subsidios por ejemplo), que le permitieron mantener flujos de comercio de discutible legalidad en los principales mercados del mundo.
La nueva medida demostró que el nacionalismo y expansionismo del Partido Comunista chino no favorece más el estatus quo político que rigió hasta 2012, cuando llegó al poder Xi Jinping. Los observadores estiman que el nuevo enfoque refleja la determinación china de utilizar su poder “duro” y de hecho ya actúa con ese enfoque sobre la base de su creciente peso económico, diplomático y militar.
El Comité Ejecutivo chino exhibió una llamativa eficiencia en el proceso de aprobación de la ley, la que se venía considerando en riguroso secreto. La nueva legislación entró en vigor el 30 de junio, en vísperas del 23° aniversario de la transferencia de soberanía de Hong Kong a China, otorgando a las fuerzas policiales el poder de reprimir más rigurosamente las manifestaciones de descontento público. Ello se comprobó cuando miles de opositores desbordaron las calles de HK el pasado 1° de julio, episodio en el que las fuerzas de seguridad arrestaron a 370 individuos alegando la ley de seguridad recién adoptada.
Estas acciones se convirtieron en la inequívoca señal de que la represión a los defensores de la democracia ya tenía efectiva vigencia.
La aludida ley, calificada de draconiana, consta de 66 artículos y establece un orden legal penal que sanciona cualquier acción que pueda ser subjetivamente interpretada como una amenaza a la seguridad de los gobiernos central o regional, del tenor que exhibieran los numerosos disidentes que salieron a las calles de la isla a lo largo de 2019. El nuevo texto condiciona la autonomía de Hong Kong, donde hasta semanas atrás las autoridades eran responsables de establecer y aplicar sus propias leyes de seguridad.
El actual marco regulatorio intenta evitar o penalizar lo que se entiende por secesión, subversión, terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras. Y aunque tales delitos son aludidos de modo impreciso, pueden ser castigados con extremos como la cadena perpetua. Ello se aplicaría, por ejemplo, a quienes dañan los medios de transporte público. Las reglas permiten calificar de terrorismo o subversión a pequeños actos de desobediencia. Las nuevas reglas establecen que los condenados por esos delitos no podrán desempeñar cargos públicos, lo que supone quitar derechos políticos a los líderes de esas acciones de protesta popular.
Las nuevas disposiciones llevaron a generar una estructura de seguridad de Pekín en Hong Kong, la que estará dotada de personal propio y no sometido a la jurisdicción local, como si se tratara de un ejército de ocupación. Los procesados por delitos graves bajo el nuevo marco legal pueden ser enviados a China Continental para su juzgamiento en dicho territorio, donde será posible aplicarles, según sea el caso, la pena de muerte. La ley abarca tanto la censura a los disidentes que hayan efectuado actividades en el exterior o en cualquier empresa que coopere con un gobierno extranjero, delitos que admitirían unir sanciones o restricciones vinculadas con daños ocasionados a Hong Kong.
Al mismo tiempo, las autoridades de la isla deberán crear su propia comisión de seguridad para aplicar las nuevas reglas con el asesoramiento de un consejero designado por Pekín. Ese organismo ya está en funciones y se maneja con una extensa reglamentación que otorga facultades especiales a la policía de investigación, lo que incluye el control de las comunicaciones privadas. Además, la Jefa Ejecutiva de Hong Kong (actualmente Carrie Lam, siempre atenta a los puntos de vista chinos) tiene la facultad de designar jueces encargados de aplicar la nueva ley en juicios que pueden tener lugar a puertas cerradas y con un procedimiento secreto. De existir conflictos de interpretación, tienen prioridad la aplicación de las leyes chinas. Las posibles consecuencias de la ley llevaron a que Google, Facebook y Twitter informaran, el pasado 6 de julio, que no procesarán informaciones de los usuarios que sean objetados por las autoridades, debido a la posibilidad de que ello pueda ser utilizado para arrestarlos y procesarlos. Ello implica que la permanencia de tales empresas en Hong Kong es hoy incierta.
Las acciones tendientes a evitar que la RPC siga adelante con su proyecto de ley hasta ahora no resultaron exitosas. El 29 de mayo el presidente Trump afirmó que su gobierno no proseguirá con la relación especial que mantiene con Hong Kong, al que se aplicará un régimen similar al del resto de China. Ello implica eliminar las ventajas preferenciales que recibe en las transacciones financieras, inmigración y comercio, otorgadas en virtud de una ley de 1992, ya que ese régimen especial estaba condicionado a la conservación de su autonomía. Asimismo, la advertencia de Trump podría significar que HK deje de ser miembro de la OMC.
Paralelamente, el Primer Ministro del Reino Unido anticipó que ese país facilitará la nacionalización de cerca de tres millones de ciudadanos hongkoneses. En el mismo sentido, el Congreso estadounidense originó un proyecto de ley bipartidario que permitiría la radicación en ese país de los ciudadanos perseguidos. Ninguna de esas iniciativas parece útil para modificar las acciones de Pekín, ya que sus líderes suelen privilegiar la seguridad nacional y el mundo exterior no está en condiciones de adoptar decisiones de mayor impacto por los riesgos geopolíticos que podrían aparejar tales decisiones.
¿Es posible que la unidad transatlántica permita concebir una respuesta común y más contundente ante el desafío de las políticas chinas? El problema de Occidente es cómo actuar ante una conducta que considera ilegítima cuando tal hecho proviene de una potencia que genera el 12,4% (Estados Unidos, el 11,5% y Alemania el 7,7%) del comercio mundial (2018). Un reciente estudio orientado a definir cómo sería posible actuar ante China concluyó que, mientras para Estados Unidos es un competidor estratégico, la mayoría de los Estados europeos ven a Pekín también como un socio, un competidor y un rival sistémico.
De esta forma, Estados Unidos parece endurecer en soledad su política respecto de China mediante la ilegal imposición de tarifas punitivas para nivelar el comercio bilateral, la prohibición de exportaciones de productos estratégicos como semiconductores y al declarar a la empresa Huawei como una amenaza a su seguridad nacional. Actualmente, el conjunto de la relación está afectado bajo la noción de desconectar ambas economías, lo que el propio titular del USTR consideró un enfoque utópico.
En estos días Pekín también se inscribe como tema electoral, ya que muchos votantes sindican a ese país como el origen de la pandemia, que Trump llama “el virus chino»
EL ECONOMISTA
Atilio Molteni Embajador