Los comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana son considerados los principales responsables de ejecuciones extrajudiciales, uno de los crímenes de lesa humanidad por los que se señala al gobierno de Venezuela.Una misión de las Naciones Unidas acusó este miércoles 16 a las fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia de Venezuela de cometer, con conocimiento del presidente Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa, asesinatos y torturas que constituyen crímenes de lesa humanidad.
La Misión Internacional Independiente para la determinación de los hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, produjo un informe de 443 páginas tras examinar 223 casos, 48 de ellos estudiados de manera exhaustiva, y examinó otros 2891 para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.
Se investigaron 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales, y 2552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios, según el texto.
Se identificaron “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.
“El presidente Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”, aseguró el informe.
La Misión “encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos”, dijo su presidenta, la abogada portuguesa Marta Valiñas,
Algunas de esas violaciones, “incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad”, señaló Valiñas, a quien acompañaron en la Misión sus colegas Francisco Cox, de Chile, y Paul Seils, de Gran Bretaña.
En el examen de 140 movilizaciones policiales bautizadas “Operaciones de Liberación del Pueblo”, entre 2015 y 2017, la misión detectó la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.
Los altos funcionarios del gobierno “elogiaron repetidamente las operaciones, en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros”, señaló el informe.
Dos fuerzas de seguridad, la policía de investigaciones judiciales (CICPC) y las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) “fueron responsables de 59 por ciento de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y de las ejecuciones extrajudiciales”.
Funcionarios de la FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, y otra fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”.
Según Provea, organización venezolana de derechos humanos, en lo que va de 2020 las FAES y otros cuerpos policiales y militares han dado muerte a 1611 personas, la mayoría de los cuales eran “pobres y jóvenes, entre 18 y 30 años”.
Las FAES “deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando, deben rendir cuentas”, dice el informe. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también ha pedido la disolución de ese cuerpo de comandos.
Otros civiles fueron asesinados tras la aplicación de algún plan militar. Una operación en Barlovento, al este de Caracas, en 2016, terminó con una masacre después de que los soldados detuvieron arbitrariamente a 35 hombres, y resultaron 12 víctimas fatales enterradas luego en fosas comunes.
Frente a la disidencia han actuado la policía política (Sebin) y la dirección de contrainteligencia militar, en ocasiones con detenciones arbitrarias equivalentes a desapariciones forzadas temporales, y torturas como asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.
Cox dijo que “los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia, tanto hombres como mujeres, a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales y amenazas de violación a la persona detenida o a sus seres queridos, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales”.
Seils llamó la atención sobre la represión de las manifestaciones de protesta entre 2014 y 2019, con 36 personas muertas en ellas, y dijo que “el sistema está diseñado para prevenir y desalentar, a menudo de forma violenta, las reuniones pacíficas”.
Los expertos sostuvieron que el poder judicial de Venezuela no ha servido para controlar a otros agentes del Estado y “es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial”.
Valiñas dijo que “las violaciones deben cesar y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas”.
El informe de la Misión, establecida el 27 de septiembre de 2019, calza con la presidencia de Nicolás Maduro, elegido en 2013 para suceder a su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y reelegido en 2018 en unos comicios cuestionados por gran parte de la oposición y gobiernos extranjeros.
IPS