La rapidez de Donald Trump en nombrar a la sucesora de la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema sin respetar el duelo ni su último deseo, que su asiento fuera ocupado por el ganador de las presidenciales, tenía una razón. Una razón electoral. La mayoría republicana del Senado confirmó en una votación exprés a la candidata de Trump, Amy Coney Barrett. La tercera durante su gestión después de los nombramientos de Neil Gorsuch en 2017 y Brett Kavanaugh en 2018. ¿Por qué el apuro? En ese ámbito de nueve miembros, dominado por seis jueces conservadores, Trump prometió dirimir el resultado de las elecciones.
Elecciones reñidas, más allá de la ventaja en las encuestas sobre el voto popular de su rival demócrata, Joe Biden. En la madrugada del día después, Trump se declaró ganador mientras Biden, con más delegados para el Colegio Electoral en forma provisional, tachaba su actitud de “indignante, sin precedente e incorrecta”. La amenaza de Trump cerraba el círculo: “Iremos a la Corte Suprema, queremos que pare la votación”. La votación había concluido. Faltaban los cómputos de Estados clave en los cuales Tump llevaba la delantera. Cada uno de los 50 Estados aplica su propia fórmula para decidir el número de electores.
¿Puede Trump involucrar en forma directa a la Corte Suprema con su denuncia de fraude? La batalla legal, de plantearse, debería comenzar en los tribunales estatales. En Pensilvania y Carolina del Norte, los republicanos cuestionaron la facultad de las autoridades electorales para demorar durante tres días el cómputo de los votos recibidos por correo, habitualmente más lento. En esta ocasión, por la pandemia y la polarización, esos votos y los anticipados en forma presencial batieron récords. Fueron más de 100 millones. En Florida, donde ganó Trump, el recuento podía comenzar 22 días antes del 3 de noviembre.
Durante la campaña, Trump puso en duda los votos por correo. Un símbolo nacional, casi como el himno y la bandera. El lento escrutinio establece plazos para la apertura de los sobres: una semana después en Nevada y nueve días después en Carolina del Norte, entre otros. Los sondeos indicaban que los seguidores de Trump iban a votar el día de las elecciones mientras que los de Biden iban a hacerlo por correo. Trump puso el ojo y la la lupa en Estados peliagudos, como Pensilvania, Wisconsin y Georgia. En los tres, cuyos resultados finales quedaron pendientes, iba ganando.
Todo giró y gira alrededor de Trump. No se trató de una elección, sino de un plebiscito. ¿Aprueba o desaprueba su gestión? Biden, perdedor en Estados bisagra, como Iowa y Ohio, resulta ser el emergente de un partido, el demócrata, profundamente dividido, con una veintena de precandidatos en las primarias y un discurso que procuró ser conciliador sin arrimarse a los extremos. Por lo pronto, Trump ganaba en áreas rurales y Biden superaba a la candidata demócrata anterior, Hillary Clinton, en áreas urbanas, pero, a diferencia de ella, trastabillaba con el voto latino en Florida.
La pandemia, minimizada por Trump, creó un nuevo escenario. De ganar Biden, de 77 años, sería el segundo presidente católico de la historia, después de John Fitzgerald Kennedy, con una compañera de fórmula negra dos décadas más joven, Kamala Harris, de ascendencia india y jamaicana, que, a su vez, sería primera vicepresidenta de la historia. Meras peculiaridades de una elección o un plebiscito que prometía ser reñido, más allá de las preferencias por uno o el otro. De insistir Trump en su reclamo, su carta sería Barrett, la única jueza de la Corte votada por un solo partido, el republicano, desde Edwin Stanton en 1869.
El Economista