Las actuales disputas geoestratégicas y la pandemia están creando un planeta que se conforma con vegetar. Las últimas dos semanas fueron el testimonio de la política del vale todo. Con el paso de los días habrá mayores precisiones de la realpolitik que el dúo Joe Biden y Kamala Harris traen en la mochila. Mientras llega ese momento, es necesario apoyar los pies en el piso y evaluar algunos hechos que nos miran de frente y pocos conocen.
Tras numerosos y serios intentos de solución negociada, las autoridades de la Unión Europea (UE) decidieron aplicarle a Estados Unidos las represalias autorizadas por la OMC para compensar los subsidios ilegales que Washington y los Estados federales vienen otorgando a la Boeing, una medida que aniquilará una canasta de exportaciones de unos 4.000 millones de dólares anuales. Australia, cuyo Gobierno había suscripto orgullosamente un acuerdo de libre comercio (ALC) con China, le dijo a sus exportadores que busquen otros mercados porque las relaciones con Pekín están muy tensas y se acabó la fiesta.
Sin ignorar la repercusión destructiva del resto de esos y otros episodios en danza, esta columna se concentrará en un terceto de problemas que se las traen: a) el nuevo seguimiento oficial de los precios de exportación del bio-etanol que llega al mercado de la UE, tema que en el pasado causó graves pérdidas económicas a Canadá, Estados Unidos, Argentina y algunas naciones asiáticas; b) el fuerte y significativo chispazo político que se acaba de registrar entre Estados Unidos y China en el Consejo Ministerial de la OECD, donde parece estar en la mente de Estados Unidos, y algunos de sus aliados, la creación de un enfoque tipo OTAN económica con vocación anti-China; y c) los alcances del nuevo papel de los servicios de inteligencia en la guerra económica y tecnológica que libran la Casa Blanca y el Gobierno que encabeza el presidente chino Xi Jinping.
Si bien es una cuestión que todavía se halla en la etapa de averiguar la veracidad y alcance de los hechos, el gobierno y las entidades empresarias de nuestro país deberían prestar atención al proceso de seguimiento de los precios de exportación de los embarques de bio-etanol de todo origen destinados al mercado de la UE. La reacción de las autoridades de Bruselas es un hecho standard originado en las quejas de las industrias establecidas en ese mercado regional. El vicepresidente de la Comisión y Comisionado de Comercio Exterior, Valdis Dombrovskis, informó que Bruselas se propone investigar si tales precios son “anormalmente bajos” y, suponemos, si están causando daño o amenaza de daño a la antedicha industria.
Tales episodios no son novedosos y la historia enseña que Bruselas a veces olvida la pureza de los ritos técnico-legales y adopta, por razones políticas, una medida provisional de defensa de la competencia (según corresponda anti-dumping o derechos compensatorios). En el pasado estos vaivenes afectaron la continuidad del abastecimiento externo y Argentina estuvo en el pelotón de castigados por suposiciones que indujeron a restringir el acceso temporario de nuestros biocombustibles al mercado del Viejo Continente. “El que se quema con leche ve una vaca y llora.”
Quienes siguen esta columna también saben que tanto el actual Representante Comercial de Estados Unidos, embajador Robert Lighthizer, como su antecesor, el embajador Mike Froman (presidencia de Barack Obama), postulan la idea de “modernizar” la OMC retrotrayendo sus actividades a una Organización de dos tiempos; es decir, basada en las prácticas adoptadas en la Ronda Tokio de 1979. Eso significa reunir un comando de elite integrado por un grupo de Miembros de la OCDE (naciones y regiones como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, Canadá, Australia y unos pocos más) con ideas similares (like minded), supuestamente avanzadas, y el resto (el grupo B donde estaría China, hoy la primera potencia comercial del planeta y la que encabeza la lista de los candidatos más objetados de ese “bloque de elite”). El Grupo A sería el pelotón de las ideas modernas y vanguardistas del capitalismo tradicional que en estas épocas no puede competir en serio con el Asia. Sus futuros compromisos quedarían sujetos a las reglas contractuales de Acuerdos que serían vinculantes, pero no está claro si la Membrecía implicará aceptar las reglas en forma automática o tema por tema y con adhesión voluntaria (ello sería el fin del compromiso único o single undertaking de la Ronda Uruguay).
También cambiarían las reglas de los compromisos. Por ejemplo, saltaría por los aires el actual trato especial y diferenciado para Países en Desarrollo (el que dejaría de ser regido por el criterio de la auto-elección, tendría fecha de caducidad y menos flexibilidades, ya que naciones como China, Corea del Sur, Singapur, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos no calificarían para tal status). La versión más satánica de este paquete, es que además tendría que desparecer el Trato de Nación más Favorecida (Artículo I del viejo GATT 1947, que es el eje central del presente Sistema Multilateral de Comercio). En este nuevo enfoque la justicia estaría dada por un principio de reciprocidad directa (el concepto mercantilista de comercio justo o fair trade). Obviamente estos elementos son nada más que una síntesis algo caprichosa del contenido de las propuestas que hemos logrado ver en el último quinquenio. Por el momento desgracia no está claro lo que va a hacer la gestión Biden con estas propuestas.
Con este telón de fondo Estados Unidos estaría proponiendo hacer la mencionada alianza anti-China. Bajo esa percepción es más fácil entender tres cosas que pasaron fuera de agenda, según el relato de colegas de diferentes regiones que participaron de la reunión del Consejo de Ministros de la OCDE que sesionó entre el 28 y el 29/10/2020 bajo la presidencia de España y la batuta de Angel Gurría, el Secretario General mexicano de esa Organización que dejará sus funciones en junio próximo.
En la oportunidad, el Subsecretario de Estado estadounidense de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, embajador (político) Keith J. Krach, descargó una fuerte recriminación contra el liderazgo del Partido Comunista chino al genuino respeto de los derechos humanos (Hong Kong) y, en definitiva, a su sistema político. Además responsabilizó a Pekín por los problemas que emergieron en las relaciones internacionales de distintas regiones del planeta. La andanada a la actual versión nacionalista del comunismo chino sorprendió a todo el foro (ver mis columnas anteriores sobre la influencia del pensamiento de Carl Schmitt). Tan inesperado ataque provocó la inmediata reacción del Viceministro de Comercio chino (China es sólo país observador de la OCDE) a quien, por cortesía, se le dio la posibilidad de responder, lo que hizo con elegante pero con una durísima ironía que incluyó una alusión al irresponsable y desastroso manejo del Covid-19 en los Estados Unidos.
Además, la delegación de Washington ignoró las reglas del debate y presentó en sociedad a su propio candidato para suceder a Gurría, quien también fue autorizado a hablar, opción que dejó en desventaja a los otros nueve postulantes que aspiran a ocupar el puesto. El elegido por Trump es Christopher (Chris) Liddel, quien en estos días se desempeña como subjefe del staff de la Casa Blanca (Liddel nació en Nueva Zelandia).
El otro debate que históricamente se hubiera considerado una aberración, es la tendencia a replantear las funciones y la canasta de usuarios de la información que procesan los servicios de inteligencia en determinados aspectos como la tecnología, el manejo de las redes sociales y la interferencia de gobiernos extranjeros en el proceso electoral del ex Occidente político (la UE está en un proceso similar). En un análisis realizado por Amy Segart en la publicación Asuntos Extranjeros, se destaca que algunos de los 17 servicios de Estados Unidos como la Dirección Nacional de Inteligencia, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional, ya están realizando sesiones especiales y frecuentes de información que desbordan la antigua “clientela” de Presidentes y miembros de las altas jerarquías del Estado, así como la plana mayor de las fuerzas armadas, el cuerpo legislativo y sectores de la vida política.
En esa última categoría se hallan las personas que desempeñan roles importantes en la creación, producción y usos de la tecnología cibernética y la inteligencia artificial (a quienes la idea de tener al Estado en la nuca no les gusta nada). El tema es que la vulnerabilidad del software, una ocurrencia diaria, facilita la existencia de ciber-ataques. Esos baches tienden a deformar los datos y las decisiones de los usuarios. Por eso ya existe contacto diario entre la gente de Silicon Valley y las redes oficiales de seguridad.
La Comunidad de inteligencia de los Estados Unidos consiguió probar que los operadores rusos penetraron los mails de personas e instituciones de ese país. “Hackearon” sitios como DCLeaks, WikiLeaks y Guccifer 2.0 para transmitir noticias originadas en Rusia.
Ese nuevo vínculo con los estratos de la sociedad que se mantenían alejados del andar y devenir del espionaje, es el dilema que en estos días se plantea como una necesidad del Estado y procura ser resuelta con los productores de bienes y servicios cibernéticos, los dirigentes empresarios y el propio consumidor (redes sociales). Cómo hacerlo con eficiencia y confiabilidad es la respuesta que está en veremos, ya que la individualización de las agencias y su staff, podría viciar la recolección y uso fidedigno de los datos.
La comprobación de que los servicios de inteligencia y seguridad de Rusia, China e Irán se metieron abruptamente en las elecciones de 2016 (en las que salió electo Donald Trump) y quizás la que acaba de suceder el pasado martes 3 de noviembre, los indujo a pensar acerca de cuáles son las mejores maneras de administrar la futura cobertura de la producción y empleo de la cibertecnología (debate de larga data en foros globales como el G20 y la propia OCDE).
Los miembros de la comunidad informativa, quienes no dejan de reconocer errores, tienen pruebas de que el Presidente Trump usó, como guía de algunas de sus presentaciones, material concebido por servicios extranjeros.
Jorge Riaboi / El Economista