El TOF 8 sobreseyó a los implicados por inexistencia de delito. La DAIA y los familiares de las víctimas buscan que el tribunal ordene llevar adelante el debate.
La Cámara Federal de Casación Penal encabezó una audiencia preparatoria de cara a una la revisión del fallo en el que se decidió el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el resto de los acusados en la causa conocida como Memorándum con Irán. La familia de las víctimas y la querella de la DAIA reclaman que el juicio se lleve adelante. Según se acordó, el 8 y 24 de noviembre los jueces de la Sala 1 de la Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, escucharán los argumentos de defensas y acusadores.
En ese contexto, la defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, informó que presentará un escrito sin exposición oral. Los que sí pidieron hablar ante los jueces son el abogado Juan José Ávila y luego pidió ser escuchado uno de sus representados, Mario Averbuch, padre de Yamila, una joven de 20 años que murió en el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994. También expondrá la querella de la DAIA.
A la audiencia del próximo 8 de noviembre se sumarán las voces de las defensas del viceministro de Justicia Juan Martín Mena, a cargo de Marcos Aldazábal y la del procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini, que ejerce Mariano Fragueiro Frías. El 24 de noviembre expondrán
El 7 de octubre pasado, el Tribunal Oral Federal 8 resolvió sobreseer a todos los acusados de la denuncia que había radicado en enero de 2015 el fallecido fiscal Alberto Nisman. La decisión se tomó cuando ya se avanzaba hacia la fijación de una fecha de juicio. Las visitas al ex presidente Mauricio Macri de dos jueces de Casación que ordenaron reabrir la causa fue el ancla de las defensas para solicitar al tribunal oral la nulidad del debate. En ese contexto, los jueces del TOF 8 resolvieron que no fue un delito el pacto entre Argentina e Irán, firmado en 2013.
“El Memorándum, más allá de que se lo considere un acierto o desarcierto político, no constituyó delito”, sostuvo aquella resolución. “El Memorándum de Entendimiento no logró cumplir sus requisitos de validez antes de convertirse en tratado internacional vinculante para las partes, por lo que no ha existido acto jurídico como tal desde el punto de vista del derecho internacional”. De este modo, “no hay ningún elemento directo que de manera contundente nos haga pensar que tal temperamento fue más allá de una decisión política para convertirse en un acto de encubrimiento”, se sostuvo.
El sobreseimiento no fue solo para la Vicepresidenta. La decisión alcanza además al resto de los acusados, entre los cuales están el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el viceministro de Justicia, Juan Martin Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque, el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D’Elía junto al ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.
El fiscal Marcelo Colombo apeló la resolución por considerar que era “arbitraria porque clausuraba el caso sin atravesar la instancia de debate oral y público” y porque la regla procesal para dictar sobreseimientos no fue la figura adecuada. Sin embargo, el fiscal ante Casación Javier De Luca desistió de sostener el planteo del Ministerio Público.
Las apelaciones, sin embargo, llegaron por la vía de las querellas de la DAIA y de los familiares de las víctimas. Buscan que Casación anule lo actuado por el Tribunal Oral y deje sin efecto o revoque los sobreseimientos dictados sobre todos los imputados. Lo que quieren es que se avance “sin más dilaciones hacia el juicio oral y público”.
Cuatro días antes de su muerte, Alberto Nisman había radicado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios. Aseguró que el Memorándum firmado en 2013 con Irán era en realidad un plan de impunidad para que los iraníes acusados de ser los ideólogos del atentado contra la mutual judía –que mató 85 personas– quedaran impunes.
La denuncia de Nisman fue desestimada por el juez Daniel Rafecas y por los jueces de la Cámara Federal porteña, por dos votos a uno. El entonces fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes apeló, pero el fiscal de Casación Javier de Luca no sostuvo el recurso por entender que no existió delito. La Sala I de Casación, con los votos de Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Luis Cabral, confirmó en mayo de 2016 el cierre de la denuncia.
Pero en Comodoro Py apareció una denuncia por traición a la patria para la entonces ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman y los legisladores que habían votado el Memorándum con Irán. Cayó en el juzgado de Claudio Bonadío, que activó la investigación y sumó la cerrada denuncia del memorándum, en una decisión tomada por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky,
El 7 de diciembre de 2017, el juez Bonadío procesó y ordenó la detención de Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobista iraní Jorge Khalil. Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, hoy senador; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, que hoy es viceministro de esa área; el diputado nacional Andrés Larroque, ahora a cargo de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires; el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado.
A todos los acusó de encubrimiento y traición a la Patria. Cristina Kirchner no fue presa porque en octubre de 2017 se había convertido en senadora y tenía fueros. Precisamente, sobre eso habló la ex presidenta en su indagatoria en el juicio oral en la causa de Vialidad. En tanto, a Timerman se le concedió la prisión domiciliaria por razones de salud.
Cuando la realización del juicio ya estaba en marcha, las defensas presentaron un planteo de nulidad por las visitas de Hornos y Borinsky al ex presidente Mauricio Macri. Los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado hicieron lugar a los pedidos de las defensas para hacer oir sus reclamos de nulidad. Allí la propia Cristina Kirchner aseguró “Esta acusación es un disparate judicial, institucional y político”. Y por distintos motivos entendieron que el caso Memorándum no era delito y dictaron sobreseimientos. Eso es lo que debe revisar ahora Casación.
Fuente: Infobae