La diputada española Almudena Negro y el director del ACOM ( organización de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) Ángel Más, dialogaron en Radio Jai sobre el creciente antisemitismo.
En España los diputados oficialistas presentaron un proyecto de ley contra entidades, asociaciones o personas que estén relacionadas con el Estado de Israel, impidiendo su contratación, relegándolos a ser ciudadanos de segunda.
Además el Estado Nacional Español financió al BDS (Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel) grupo abiertamente anti sionista y antisemita, mediante subvenciones.
“En España y en Europa está creciendo el antisemitismo y el antisionismo. En las sesiones del ayuntamiento de Madrid se intentó prohibir de manera legal la contratación de empresas o personas que estén relacionadas con el Estado de Israel. Esto además de ir contra la definición de antisemitismo del IHRA, a la que España adhirió en el 2020, me recuerda a la Alemania Nacional Socialista” afirmó la diputada Negro.
“Esta iniciativa viene de la izquierda radical. Son parte de la coalición de gobierno y tienen cinco ministerios. También son apoyados por el partido socialista, que también es parte del gobierno, y promueven la deshumanización de los israelíes, los judíos y cualquiera que apoye al estado judío de manera pública. Excluyéndonos de la vida social, política y económica” comentó Más.
Por otro lado, a raíz de las acciones legales que se presentaron con la ayuda del ACOM, el Máximo Tribunal Español declaró la ilegalidad de esta ley. El proyecto de ley aprobado en el Congreso le impide al BDS y a cualquier otro movimiento antisemita y antisionista recibir fondos públicos.
Además esta sentencia crea jurisprudencia para ponerle fin al acoso que reciben los judíos y los israelíes en España.
Por otra parte Más agregó: “El tribunal a dicho dos cosas, por un lado, que se estaban vulnerando derechos. Y por otro, que efectivamente es un caso de discriminación. Lo positivo es que estamos en un estado de derecho, donde el tribunal nos protege y garantiza los derechos constitucionales”