La empresa israelí Cognyte es sospechosa de suministrar tecnología de espionaje a Birmania (Myanmar) tras descubrirse que en diciembre de 2020 ganó un concurso para proveer equipos de vigilancia a este país del Sudeste Asiático, según documentos obtenidos por la ONG birmana Justice for Myanmar.
En un comunicado, Justice for Myanmar señaló este domingo que el contrato, conseguido un mes antes del golpe militar de 2021 en Birmania, fue firmado a pesar de las acusaciones contra el Ejército birmano por presunto genocidio contra la minoría rohinyá por las operaciones militares de 2016 y 2017, lo que puede suponer una violación de las leyes israelíes e internacionales.
En este sentido, los documentos obtenidos por la ONG han dado pie a una denuncia presentada la semana pasada en Israel contra Cognyte, que cotiza en el NASDAQ de Estados Unidos, y funcionarios de los Ministerios de Defensa e Interior israelíes.
En 2018, Israel prohibió la exportación de material y equipo militar a Birmania.
El acuerdo entre Cognyte y la operadora birmana de telecomunicaciones, Myanma Posts and Telecommunications (MPT), se refiere a equipos «legales» de interceptación de comunicaciones.
Sin embargo, esta tecnología puede usarse con fines militares en Birmania, que desde el golpe de 2021 ha aumentado la persecución y represión de periodistas, activistas y la población civil en general.
Según Justice for Myanmar, Cognyte aparece como empresa socia en la web de la compañía birmana Khine Thitsar, dedicada a la vigilancia tecnológica, incluidos sistemas de cámaras e interceptación de comunicación digital.
En 2021, Cognyte fue prohibida en Facebook y un centenar de cuentas relacionadas con la compañía israelí fueron bloqueadas debido a la creación de cuentas falsas y actividades contra periodistas y políticos en diversos países, incluidos Colombia, Marruecos, México, Tailandia e Indonesia.
Antes del golpe militar de 2021, el Ejército ostentaba una gran influencia en Birmania debido a que controlaba el 25 por ciento del Parlamento por ley y los Ministerios de Defensa, Interior y Fronteras.
En 2016 y 2017, los militares birmanos lanzaron unas operaciones contra la minoría rohinyá con violaciones, torturas y asesinatos que provocaron un éxodo de más de 740.000 personas a la vecina Bangladés, lo que está siendo investigado por supuesto genocidio y crímenes contra la humanidad por la justicia internacional.
Tras tomar el poder en 2021, los militares sumieron el país en una profunda crisis política, social y económica y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Al menos 2.734 personas, incluidos 277 niños, han muerto por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 13.400 permanecen detenidas, según datos de la oenegé birmana Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos (AAPP). EFE
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