Por Pnina Sharvit Baruch y Gal Rosilio
Texto
Propuesta de Ley Básica: El Poder Judicial (Enmienda No. 5) (El Criterio de Razonabilidad)
Modificación del artículo 15
1. En la Ley Fundamental: El Poder Judicial, en el artículo 15, después del inciso D), aparecerá lo siguiente:
«(D1) Sin perjuicio de lo establecido en esta ley básica, aquellos que tienen la potestad judicial conforme a la ley, incluida la Corte Suprema, actuando como Tribunal Superior de Justicia, no podrán adjudicar el asunto de la razonabilidad a una decisión del gobierno, del primer ministro o de otro ministro, o de otro funcionario electo según lo determine la ley, y no emitirán una orden hacia ninguno de ellos sobre la cuestión mencionada».
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_2822385.pdf
* Proyecto de ley en nombre de la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia.
Status
Aprobado en primera lectura el 11 de julio de 2023 (pendiente de un segunda y tercera lectura en el pleno [de la Knesset (Parlamento)]).
El 11 de julio de 2023, el proyecto de ley fue aprobado en primera lectura en el pleno (sin opositores de la coalición); está previsto que unos días más tarde tenga lugar la segunda y tercera lectura. De acuerdo con el tiempo que queda hasta el comienzo del receso de verano de la Knesset (el 30 de julio de 2023), se espera que la coalición apruebe el proyecto de ley en tres lecturas al final de la sesión.
Mientras tanto, hay llamados del presidente de Israel y de figuras de la oposición (especialmente Benny Gantz) para detener la legislación y volver a las conversaciones sobre este asunto, sobre el cual es ciertamente posible que se pueda llegar a un amplio acuerdo.
La oposición se opone firmemente a este proyecto de ley (y afirma que podría conducir a la rápida destitución de la fiscal general).
Este proyecto de ley es el primero que se avanza desde que fracasaron las conversaciones en la Residencia Presidencial tras la «maniobra» que llevó a cabo la coalición en un intento de cancelar las elecciones de los representantes de la Knesset en el Comité de Selección de Jueces, en el que solo una integrante de la oposición fue elegida.
Tras el avance del proyecto de ley, el 11 de julio de 2023, por iniciativa de los líderes del movimiento de protesta, se llevó a cabo una «jornada de disrupción» a gran escala en todo el país.
Contenido del proyecto de ley
Según el proyecto de ley actual, los tribunales (incluida la Corte Suprema) no estarán autorizados a revisar las decisiones del gobierno, el primer ministro, un ministro o un funcionario electo sobre la base del criterio de razonabilidad. El proyecto de ley está sujeto a cambios (principalmente en cuanto al hecho de que los jefes de autoridades municipales serán excluidos y será posible realizar la revisión judicial de sus decisiones en base al criterio de razonabilidad).
Las razones dadas para apoyar el proyecto de ley.
De las notas explicativas del proyecto de ley: «El desarrollo de las causales de revisión administrativa se ha dado principalmente a través de sentencias judiciales, incluido el desarrollo del criterio de razonabilidad. Hoy, este criterio permite a los tribunales revocar una decisión administrativa que es irrazonable en el sentido de que no proporciona «peso adecuado a los diversos intereses que la autoridad administrativa debe tener en cuenta en su decisión» (HCJ 389/80 Yellow Pages Ltd. vs. Israel Broadcasting Authority), en el caso de «irracionalidad fundamental o extrema».
Sobre el uso del criterio de razonabilidad en este sentido, y en particular sobre la aplicación del criterio de razonabilidad con respecto a las decisiones de los funcionarios electos, se afirma, entre otras cosas, que la determinación del equilibrio de principios entre las diversas consideraciones relativas a una decisión administrativa debe hacerse por parte de funcionarios electos y no por los tribunales. En consecuencia, se propone establecer en la Ley Fundamental: El Poder Judicial que una autoridad judicial no podrá adjudicar la razonabilidad de una decisión del gobierno en pleno, del primer ministro o de otro ministro, o de otro funcionario electo como está determinado por la ley, o para emitir una orden a un funcionario electo con respecto a la razonabilidad de su decisión.
Cabe señalar que lo anterior no limita la facultad de los tribunales para fallar o dictar órdenes con base en otras causales de revisión administrativa, incluido el criterio de proporcionalidad”.
El proyecto de ley se basa en lo que se conoce como el «esbozo del juez Sohlberg» (tal como lo presentan ellos) según el cual los tribunales solo perderán la capacidad de anular, con base en el criterio de razonabilidad, las decisiones de los funcionarios electos, pero conservarán la capacidad de anular las decisiones de los cargos profesionales.
Según cifras de la coalición, se trata de un proyecto de ley digno que incluso fue propuesto en el pasado, en una u otra constelación, por representantes de la oposición, el más destacado de los cuales es el exministro de Justicia Gideon Sa’ar.
La cuestión de la razonabilidad es vista como una respecto de la cual las brechas son relativamente estrechas y es posible llegar a un acuerdo.
Oposición al proyecto de ley
Muchos han expresado su oposición a cancelar (o reducir) el criterio de razonabilidad.
La posición de la fiscal general en un documento de posición del 2 de febrero de 2023 relacionado con la propuesta original del ministro de Justicia:
«En un estado democrático, el papel de la autoridad administrativa es servir al público. El concepto de razonabilidad incorpora ante todo la obligación del estado de actuar de manera justa hacia los individuos y el público en su conjunto, y tomar sus decisiones después de que todas las consideraciones pertinentes han sido consideradas y se ha realizado un adecuado equilibrio entre ellas. La obligación de la autoridad de actuar razonablemente es la base del criterio de razonabilidad en la revisión judicial, como una herramienta central para hacer cumplir y garantizar que esta obligación se lleve a cabo.
Debe aclararse que el criterio de razonabilidad no es exclusivo del derecho administrativo israelí, y es un motivo reconocido y común para la revisión judicial en varios países cuyo sistema legal es similar al sistema israelí.
Cancelar la razonabilidad como base para la revisión judicial conducirá, en la práctica, a cancelar la capacidad para hacer cumplir la obligación de una autoridad de actuar razonablemente. Los ciudadanos ya no tendrán un recurso para evitar daños contra ellos y contra sus derechos, como resultado de una decisión extremadamente irrazonable, en el día a día. Tampoco existirá la posibilidad de llevar a cabo una revisión judicial de situaciones en las que una decisión extremadamente irrazonable perjudique la adecuada actividad administrativa o la integridad del servicio público.
El papel de la revisión judicial de las decisiones de la autoridad administrativa es examinar si ha cumplido con las obligaciones que le corresponden, incluida la obligación de razonabilidad. Si bien el arreglo propuesto aparentemente no busca cancelar la obligación de la autoridad de actuar razonablemente, su resultado en la práctica, como se dijo, es análogo a cancelarla.
El memorándum no aborda este resultado y no ofrece ninguna alternativa. El memorándum supone que la Knesset entrará en un importante «vacío» que surgirá en la aplicación de la ley administrativa, en su función de supervisión del gobierno. Sin embargo, sin menospreciar el papel de supervisión de la Knesset, las herramientas parlamentarias no fueron destinadas ni diseñadas para realizar la supervisión de las decisiones administrativas de rutina, generales o particulares, y más aún porque la Knesset no tiene la capacidad de otorgar un remedio real a un ciudadano.
A la luz de lo anterior, la cancelación del criterio, como se propone, suprimirá un medio vital de revisión de las actuaciones de la administración, para protegerse de decisiones que vulneran los derechos individuales, son impropias, arbitrarias e irrazonables en extremo, y por lo tanto perjudican gravemente los pesos y contrapesos que existen entre los poderes del Estado, y afectan a muchas causales y normas en el campo del derecho administrativo. Cancelar el criterio, como se propone, no es compatible con las obligaciones básicas del Estado hacia el público.
Además, también en este contexto, el tema no puede ser examinado únicamente desde el prisma del poder judicial, ya que esto violaría el equilibrio entre los poderes del Estado y perjudicaría la buena gobernabilidad. En consecuencia, es necesario formular un arreglo integral que incluya ante todo la regulación del derecho sustantivo – normas de derecho administrativo. Una regulación integral que incluya las obligaciones de las autoridades administrativas, por un lado, y el alcance de la revisión judicial con respecto a cada una de ellas, por el otro, permitiría mantener los controles y equilibrios inherentemente delicados entre las ramas del gobierno en Israel y crear una estructura completa y coherente.
Es dudoso que el régimen propuesto sea apto de entrada para ser consagrado en la Ley Fundamental: El Poder Judicial, ya que existe la necesidad de regular el asunto en su totalidad, incluidas las obligaciones impuestas a la autoridad administrativa, en una legislación separada y específica al derecho administrativo.
En todo caso, por tratarse de un tema de peso que afecta de manera rutinaria la relación entre las autoridades administrativas y el público, requiere una reflexión integral, esclarecimiento y la celebración de una discusión en el marco de un proceso de trabajo conjunto”.
Según el fiscal general adjunto, esto crearía un «agujero negro en la democracia» de una manera que permitiría la arbitrariedad en las decisiones de los funcionarios electos en ausencia de un factor moderador con respecto a las decisiones gubernamentales.
La profesora Suzie Navot del Israeli Democracy Institute (IDI) argumenta que cancelar la razonabilidad conducirá a una corrupción considerable y a la continua erosión gradual de la democracia.
Figuras que son vistas como críticas del activismo judicial también se oponen al proyecto de ley:
El profesor Yoav Dotan, considerado como un «conservador» y consecuente opositor al «activismo» judicial, afirmó que se trata de un proyecto de ley que carece de sustento en el derecho comparado y constituye la eliminación total del criterio de razonabilidad. Asimismo, a pesar de que la coalición se apoya en sus posiciones, afirmó que nunca propuso cancelar por completo el criterio de razonabilidad (especialmente en lo que respecta a los nombramientos), sino que más bien expresó su apoyo a adoptar un arreglo similar al que existe en la ley con respecto a los intendentes (un comité que decide). Además, y de acuerdo con la propuesta de Dotan, la reducción del criterio de razonabilidad aún está sujeta a la ausencia de consideraciones arbitrarias y/o caprichosas.
Según el Prof. Yuval Elbashan (quien es considerado un «conservador» y apoya la reducción del poder de la Corte Suprema de Justicia) – este proyecto de ley es «agresivo» y «extremo» porque no hay equilibrios en la ley (como se propuso en la Residencia Presidencial, por ejemplo: establecimiento de un comité, revisión de nombramientos por parte de los ministros, no revisión del nombramiento de los ministros, etc.). Según Elbashan, el «nuevo» proyecto de ley no es un punto de partida para las negociaciones, sino que constituye el punto final de la ley, y en esta situación, se trata de una ley «irrazonable».
Finalmente, cabe señalar que, de acuerdo con varios factores, el proyecto de ley actualmente propuesto no se corresponde en absoluto con los acuerdos (que supuestamente no existieron) en la Residencia Presidencial. Esto se debe a que, según los informes, el acuerdo emergente establecía que no sería posible revocar las decisiones políticas del gobierno; sin embargo, sí sería posible revisar, de acuerdo con este criterio, los nombramientos hechos por los propios ministros; y que el acuerdo sobre esta norma se alcanzaría sólo como parte de una legislación completa.
Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies
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