La desclasificación de nuevos documentos echa luz sobre la negativa de Canadá de retirarle la ciudadanía a un nazi en 1967

En 1967, la URSS condenó a muerte a un hombre letón por el asesinato de judíos en el Holocausto. A partir de esa causa, el entonces ministro de justicia de Canadá, Pierre Trudeau, que luego se convertiría en primer ministro, se negó a retirarle la ciudadanía a pedido de la Unión Soviética.

El hombre, cuyo nombre es información clasificada aún al día de hoy, fue condenado en ausencia por liderar un pelotón de fusilamiento, lo que lo transformaba en el responsable de la muerte de 5.128 judíos. Al haber sido condenado a muerte por sus crímenes, si Trudeau aconsejaba revocar su ciudadanía canadiense, podría haber sido deportado y ejecutado.

Sin embargo, el ministro dictaminó que no estaba obligado por la ley canadiense. Recientemente se desclasificaron los documentos de esa gestión estatal, y según los nuevos documentos, el ministro justificó su decisión argumentando que “Canadá no había cometido un error al otorgarle la ciudadanía cuando solicitó por primera vez.

El gobierno de Justin Trudeau, actual primer ministro, hijo del entonces ministro de Justicia, desclasificó documentos relacionados con el reasentamiento de criminales de guerra nazis en el país, y entre ellos, apareció la revelación de la medida tomada por su padre.

Los documentos formaban parte del Informe Rodal, elaborados en la década del 80 por un historiador judío llamado Alti Rodal, nacido en Ucrania e hijo de sobrevivientes del Holocausto. 

B’nai Brith Canadá, un grupo de defensa judío, presentó una solicitud el año pasado bajo la Ley de Acceso a la Información del país para que se hicieran públicos los contenidos restantes del informe. 

La organización consiguió su cometido, y permitió echar luz sobre las medidas tomadas por Trudeau, quien en ese momento le había referido al Ministerio de Relaciones Exteriores que «aunque aprecio su preocupación por las repercusiones y la ansiedad que mencionan, me parece, por otro lado, que sería muy imprudente para el gobierno emprender esta empresa que implicaría acusar públicamente a un ciudadano canadiense de haber cometido crímenes en Letonia por los cuales ha sido condenado, en ausencia, en Rusia”.

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