Frente a la resolución emitida ayer por la Cámara de Casación Penal, AMIA recibe en forma favorable la afirmación que el atentado del 18 de julio de 1994 respondió a una decisión política de la República de Irán, ejecutada por la organización terrorista Hezbollah. Dicha sentencia reitera lo que la propia justicia argentina viene sosteniendo a través de numerosos dictámenes desde hace décadas.
En numerosas ocasiones, y ante foros nacionales e internacionales, AMIA ha expresado que el expediente judicial acredita múltiples pruebas, y contiene numerosas evidencias que permitieron establecer, desde el comienzo de la investigación, el rol de Irán y su activa participación en la decisión, organización y financiamiento del ataque terrorista, que dejó el doloroso saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas.
La impunidad en la causa AMIA es una marca vergonzante para la historia argentina y una deuda de la democracia.
Al mismo tiempo, AMIA rechaza la absolución que la Cámara confirma respecto de Carlos Telleldín, quien fuera acusado incluso por la Fiscalía del juicio, por haber sido partícipe del atentado. En los próximos días se evaluará si corresponde o no presentar un recurso extraordinario frente a la Corte Suprema, para apelar esta decisión.
A tres meses de conmemorarse los 30 años del peor atentado terrorista que sufrió el país, y ante los hechos que ya fueron sobradamente probados, la institución expresa que no se conformará con el arribo a conclusiones ampliamente conocidas.
Para AMIA, resulta inaceptable que la legislación local continúe siendo la misma que en el momento en que se comenzó a investigar el ataque terrorista perpetrado contra su sede. La institución considera un hecho fundamental el poder desarrollar, como lo han hecho otros países víctimas del terrorismo internacional, un marco legal que permita mejorar las condiciones de investigación, inteligencia, prevención y castigo, frente a la amenaza de organizaciones terroristas.
AMIA reitera, una vez más, su reclamo para lograr que los responsables intelectuales y materiales del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994, sean juzgados y cumplan sus condenas por el atroz crimen de lesa humanidad que cometieron.