Durante la audiencia ante la Cámara Federal porteña en donde la fiscalía y la querella pidieron la indagatoria y detención del dictador caribeño, residentes venezolanos en la Argentina contaron los vejámenes y agresiones sufridas
Por Patricia Blanco
La Cámara Federal deberá decidir si ordena la captura y detención del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello, por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en ese país, los cuales son investigados en los tribunales argentinos bajo el principio de justicia universal. Por esta razón, un grupo de víctimas de ese régimen se presentó en los tribunales de Comodoro Py 2002 para exponer las torturas y vejámenes denunciados. Ante los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, contaron lo que vivieron y les pidieron que hicieran justicia.
”Vine en 2018 porque fui un preso político”, dijo Víctor, quien lleva cinco años viviendo en Argentina y aclaró que no tenía problemas en revelar su nombre públicamente. “Estuve en Helicoide (edificio ubicado en la parroquia San Pedro de Caracas, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). Allí me detienen. El régimen venezolano me acusó de terrorismo e instigación para delinquir. Treinta y cinco oficiales fueron a mi casa, sin orden de captura o allanamiento. Me llevan a este lugar donde fui interrogado 80 o 90 veces por el servicio de inteligencia. Al salir, me entero de que a mi mamá le decían que me buscara en la morgue. Ellos decían que éramos una célula terrorista”.
Según relató, lo llevaron a una audiencia judicial, pero le dijeron que no podía defenderse. “Todo fue ilegal, luego me vuelven a llevar al centro de torturas. Nunca tuve una visita, una llamada, un paseo al sol, nunca un abogado”. Uno de los tormentos que más lo marcó fue cuando lo hicieron arrodillarse, le pusieron una pistola en la boca y lo obligaron a pedir perdón. “Me pegaron en la cara, en el cuerpo, y me decían que sabían hasta cuántas pestañas tenía, así que yo no podía mentirles”, recordó.
También hubo torturas psicológicas. “Tenía en mi celular la foto de mi novia y me decían que la iban a violar. A mi madre la detuvieron 18 horas diciéndole que era la madre de un terrorista y que me iba a pudrir en la cárcel”. Fueron cinco meses de estar hacinado en una celda pequeña con otras 16 personas. “Defecábamos en las bandejas de comida, y orinábamos en vasos de gaseosa. Teníamos que sacar la basura una vez por semana. Y cada vez que pedíamos ir a tribunales, nos decían que las órdenes venían de arriba”. “Eso me convirtió a mí en preso político. No entiendo aún las razones por las que me detuvieron, pero sí puedo alegar que en Venezuela solo necesitas pensar distinto”, afirmó.
Según contó, estuvo alojado con diputados, miembros de organismos de derechos humanos, mujeres estudiantes y menores. “Lo más fuerte es presenciar la tortura de los otros”.
Pudo salir de la cárcel por una negociación política, no gracias a un proceso legal. “Luego continuó la persecución política”, dijo. Fue así que decidió escapar y viajar a Argentina, donde consiguió estatus de refugiado. “Agradezco que exista una posibilidad de que se haga justicia”, les dijo a los jueces.
Otro testimonio lo dio un defensor de derechos humanos que, según relató, desde 2015 comenzó a recibir amenazas, agresiones físicas, acoso policial y vigilancias. “Me avisaban que me iban a matar”, señaló. En 2018 tuvo que salir de Venezuela. “Mi seguridad estaba comprometida. Volví a Venezuela y seguí haciendo mi trabajo monitoreando desapariciones forzadas…” Sin embargo, todas las víctimas que atendían en su organización reportaban haber sido “amenazadas o coaccionadas”.
En el último trimestre de 2021, fue detenido aun cuando se identificó como miembro de organismos de derechos humanos. Lo acusaron de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Volvió a salir del país y tenía previsto regresar a los tres meses. No pudo hacerlo. “Los servicios de inteligencia me estaban citando por delitos que supuestamente había cometido, pero no me informaban qué había hecho… Aquí no soy un migrante ni un turista. Tuve que huir por mi vida”.
El tercer testimonio fue el de un abogado venezolano que trabajaba como fiscal desde 2002 y que en 2016 estaba a cargo de investigar el accionar de funcionarios policiales. Las movilizaciones de los estudiantes venezolanos provocaron una represión violenta y hasta hubo jóvenes asesinados. En ese contexto, una de las investigaciones llegó a juicio oral por homicidio con alevosía, tratos crueles y abuso sexual. A lo largo del juicio se logró demostrar la “responsabilidad de una cadena de mandos”. Cuando buscó profundizar la investigación, las autoridades se negaron a dar esa información. El Ministerio Público también se desdobló para debilitarlo, dijo.
“Las instituciones públicas están supeditadas al presidente de la República, que desde 2013 es Nicolás Maduro. Por ley, los fiscales eran autónomos e independientes, pero en la realidad no lo eran”, afirmó. “Mi institución, en la cual me formé, fue secuestrada por las cúpulas del poder”. Un día, vehículos militares llegaron a su casa y cinco funcionarios lo bajaron del auto. “Sabemos quién es usted”, le dijeron. Le pusieron una bolsa en la cabeza y lo arrojaron dentro de un auto; lo llevaron a una instalación militar. “Me sujetaron las manos. Estuve 40 horas en una posición de tortura y me decían que habíamos ido más allá de lo que teníamos permitido”, contó. Durante ese secuestro le advertían que sabían quiénes eran sus hijos.
Por su compromiso con la causa de los derechos humanos, asistió a una reunión en 2018 donde se impulsaba la denuncia de Argentina contra el Estado venezolano en la Corte Penal Internacional. Pero “hubo filtraciones” del informe que presentó el entonces ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, en La Haya, y el dato llegó a la prensa de Caracas y de Argentina. Aunque no lo mencionaban expresamente, desde el gobierno venezolano descubrieron que él había estado allí. “Al día siguiente, la guardia fue a la casa de mi mamá, mi último domicilio, y con amenazas y agresiones nos saquearon la casa. No era un proceder judicial, era una represión”, contó. El fiscal tuvo que salir del país y Argentina le brindó protección. “Hasta que por instrucción del exministro (del gobierno anterior) Aníbal Fernández, en 2021 se me suprimió. Venezuela tiene un sistema estructurado en donde sus gobiernos aliados son parte operativa”, deslizó. “El venezolano no escapa del temor, aunque no esté en Venezuela, porque si no es con uno, es con sus familiares. Agradezco al sistema judicial argentino lo que están haciendo por los venezolanos para tener verdad”.
Luego fue el turno de una dirigente de un partido político y defensora de derechos humanos que relató cómo en 2017 le habían lanzado una bomba lacrimógena en la frente durante una manifestación en la que ordenaron disparar balas de plomo. “Nos podían matar”. Según dijo, herida la sacaron del lugar y la llevaron a una sala de asistencia barrial, donde la policía fue a buscarla. “Me sacaron en una silla de ruedas porque ya me venían a buscar. Tuve que ir clandestinamente al hospital porque allí se reportaban los heridos de manifestaciones para ser capturados”.
El último de los que habló ante los jueces fue otro de los detenidos en el Helicoide. “El gobierno de Maduro en 2015 presentó una llamada telefónica distorsionada acusándome de conspiración junto a un militar que todavía está preso en la cárcel de la dictadura”, dijo. Habló de la tortura psicológica que sufrían y de cómo uno de sus compañeros fue encontrado ahorcado en su celda. “Hacinados en celdas, con ‘hampa común’, permanecí detenido”.
Diecisiete veces lo llevaron a tribunales. “La jueza dijo que no había terrorismo, pero por una llamada recibida tenía que mandarnos a juicio. Si no lo hacía, iba a estar presa con nosotros y tenía que pensar en ella y su familia”, afirmó en la audiencia. “Cualquier tortura que se puedan imaginar, la vi, la escuché… A los detenidos los sacaban, los golpeaban, y los regresaban a la celda. Fui secuestrado por el gobierno. Somos fichas de cambio cuando ellos nos necesitan. Esto está pasando con más de 2 millones de personas en Venezuela”.