Por el embajador Alan Baker
Luego que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera órdenes de arresto contra los líderes israelíes, surge la cuestión sobre si la emisión de las órdenes de arresto va más allá del poder o autoridad legal del Estatuto de Roma (el Estatuto de la CPI), ya que no existe ningún Estado palestino ni territorio palestino soberano y, por lo tanto, la corte no tiene jurisdicción.
En consecuencia, las órdenes son ilegales, violan el estatuto de la corte, no tienen ningún valor y deberían ser ignoradas por todos los estados.
La CPI se ha visto permeada por la politización promovida a lo largo de los años por la dirigencia palestina hasta tal punto en que ha perdido toda credibilidad.
Israel tiene una justificación legal sólida en el derecho internacional humanitario para todas sus acciones, como lo han reconocido los principales expertos militares y como lo confirman las precisas estadísticas y filmaciones.
Las denuncias de hambruna son falsas y artificiales, y existen imágenes que indican el paso de camiones de comida y estadísticas sobre las calorías por persona.
El fiscal de la CPI, además de sus propios problemas personales, que están bajo investigación, ha demostrado sistemáticamente una marcada parcialidad con respecto a las denuncias palestinas contra el personal político y militar israelí, en violación de los términos de su trabajo establecidos en el estatuto.
Cualquier Estado que coopere con las órdenes de arresto de la CPI está respaldando una acción ilegal del tribunal en violación del propio estatuto de la CPI.