Por Tammy Caner
Tras una acalorada y extensa audiencia, la Corte Suprema de Justicia de Israel emitió una orden provisional, el 8 de abril, declarando que Ronen Bar seguirá desempeñándose como jefe del Servicio de Seguridad General (Shin Bet) “hasta que se tome una nueva decisión”.
Si bien la orden permite al primer ministro continuar entrevistando candidatos para el cargo, le prohíbe explícitamente avanzar con cualquier medida para terminar con el mandato de Bar.
Esto incluye la declaración de su reemplazo, nombrar un jefe interino o socavar la autoridad del jefe actual.
Al hacerlo, la Corte Suprema aclaró esencialmente al primer ministro que todas las medidas que ha tomado en las últimas semanas para poner fin al mandato de Bar están prohibidas y que cualquier acción futura de ese tipo constituiría una violación de la orden.
Además, la orden prohíbe al primer ministro y al Gobierno desviarse de los protocolos profesionales en su trabajo con el jefe del Shin Bet y la organización, incluida la entrega de instrucciones directas a los miembros de la agencia.
Este aspecto de la orden responde a las declaraciones públicas de funcionarios del Gobierno que expresaron su intención de dejar de lado o eludir al jefe del Shin Bet, dejando en claro que tales acciones también violarían la orden del tribunal.
La orden establece además que el primer ministro, el Gobierno y la fiscal general deben informar al tribunal antes del 20 de abril si se ha llegado a un acuerdo mutuo.
Con ello, los jueces manifestaron su esperanza de encontrar una solución para evitar una crisis constitucional.
A la luz de la acalorada audiencia del 8 de abril, procede hacer varias aclaraciones:
A. La cuestión ante el tribunal no es si el Gobierno tiene la autoridad para destituir al jefe del Shabak; en este punto no hay disputa. La pregunta más bien es si el Gobierno ejerció esa autoridad legalmente.
B. En este contexto, las peticiones plantean dos reivindicaciones principales:
Afirmación procesal: que el despido se realizó por motivos vagos de “pérdida de confianza”, sin una audiencia, base fáctica, justificación o pruebas de respaldo. Además, no tuvo en cuenta la opinión jurídica de la procuradora general y no realizó consulta con el Comité de Nombramientos Superiores.
Una afirmación de fondo: que el despido estuvo contaminado por conflictos de intereses y motivos impropios, debido al avance de la investigación relacionada con el llamado caso “Qatargate” y a raíz del informe interno del Shin Bet sobre los hechos del 7 de octubre.
C. Es importante aclarar que el hecho de que Ronen Bar sea responsable de los acontecimientos del 7 de octubre —y que lo haya reconocido y haya dicho que dimitirá— no es relevante para el debate de la Corte Suprema. Como se ha señalado, ésa no fue la justificación esgrimida por el Gobierno para su destitución, probablemente porque hacerlo habría desencadenado un debate más amplio sobre responsabilidades, en el que se habría puesto bajo escrutinio la responsabilidad del propio Gobierno, algo que éste desea evitar.
Por último, si bien la Corte Suprema de Justicia ha vivido acalorados debates en el pasado, la audiencia del 8 de abril no ha tenido verdaderamente precedentes.
Los gritos de “traidores” dirigidos a los ex jefes de seguridad (que necesitaron protección) y “ustedes no tienen autoridad” gritados a los jueces, junto con los ataques de la diputada de la Knesset [Parlamento] Tally Gotliv y el viceministro Almog Cohen contra los jueces, tenían como objetivo perturbar el debate y desafiar la legitimidad misma del tribunal.
Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies
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