El gobierno argentino implementó recientemente una serie de resoluciones orientadas a promover la circulación de dólares no declarados, conocidos popularmente como los dólares “del colchón”. Estas medidas buscan dinamizar la economía local mediante el ingreso de divisas que hasta ahora permanecían fuera del circuito formal. Sin embargo, según el economista Miguel Ponce, aún no existen proyectos de ley formales que otorguen garantías legales sólidas a quienes decidan blanquear esos fondos.
Ponce advierte que, en ausencia de una sanción parlamentaria, las modificaciones necesarias al régimen penal cambiario e impositivo no pueden garantizar seguridad jurídica. En la práctica, esto implica que el uso de dólares no declarados continúa siendo un riesgo, ya que la legislación vigente exige justificar el origen de esos fondos para evitar sanciones.
Desde una perspectiva política, las medidas parecen tener un claro objetivo electoral: estabilizar el dólar y controlar la inflación hasta las elecciones de octubre. Paralelamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene su postura de exigir transparencia en el manejo de estos recursos, por lo que organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF) siguen desempeñando un rol activo en la supervisión, sin modificaciones a su funcionamiento previstas hasta ahora.
En cuanto al impacto en la actividad económica, algunas pequeñas y medianas empresas (pymes) valoran la posibilidad de utilizar esos dólares para la adquisición de bienes de capital. Esto podría aliviar la presión sobre el Banco Central y contribuir a enfrentar las dificultades que presenta la balanza comercial, con un déficit que podría concretarse en los próximos meses.
No obstante, Ponce señala ciertas incoherencias entre los topes y límites establecidos por diferentes organismos, y la falta de coordinación entre las resoluciones recientes y el accionar de la UIF. Esta situación genera incertidumbre y abre la puerta a posibles arbitrariedades en la aplicación de las normas, un aspecto especialmente sensible en un contexto electoral.
En definitiva, el éxito de estas medidas dependerá no solo de su aplicación concreta, sino también de la pronta aprobación legislativa que permita brindar seguridad jurídica a quienes decidan movilizar sus dólares, y de la coherencia institucional para evitar interpretaciones contradictorias que podrían desalentar la formalización de estos fondos.
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