La tranquilidad de Boulder, Colorado, se vio violentamente interrumpida cuando una manifestación pacífica en apoyo a Israel fue atacada con cócteles molotov. El acusado, Mohamed Sabry Soliman, ciudadano egipcio de 37 años, habría planeado el ataque durante más de un año, según informaron las autoridades federales. La agresión dejó una docena de heridos, entre ellos una sobreviviente del Holocausto, y puso en alerta a las autoridades locales y federales por la gravedad del acto y su trasfondo ideológico.
Según informó el fiscal interino del distrito de Colorado, J. Bishop Greenwell, Soliman no solo eligió cuidadosamente el momento y el blanco de su ataque, sino que además se infiltró en la zona de reunión haciéndose pasar por jardinero. Aunque en un principio intentó comprar un arma de fuego, al no poder hacerlo por su estatus migratorio —era extranjero con visa de turista vencida y un permiso de trabajo caducado— optó por fabricar artefactos incendiarios caseros. En su mochila, las autoridades hallaron botellas de gasolina, y según su propia declaración, había derramado combustible sobre su cuerpo con la intención de inmolarse.
Las motivaciones del atacante, de acuerdo con documentos judiciales, responden a un odio ideológico hacia quienes él consideraba “sionistas”. En su testimonio, mostró ausencia total de remordimiento e incluso afirmó que repetiría el ataque si tuviera la oportunidad. La declaración jurada presentada ante la corte detalla que Soliman nació en Egipto, residió durante años en Kuwait y se trasladó hace tres años a Colorado Springs, donde vivía con su esposa y cinco hijos.
Tras el incidente, miembros de la administración Trump respondieron con firmeza, relacionando el ataque con fallas en el sistema migratorio. “Ante el horrible ataque, todos los terroristas, sus familiares y simpatizantes que se encuentren aquí deben saber que, bajo esta administración, los vamos a encontrar, revocaremos la visa y los vamos a expulsar del país”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio. El caso de Soliman reaviva el debate sobre inmigración y seguridad nacional, mientras las víctimas, incluida una sobreviviente del mayor genocidio del siglo XX, intentan recuperarse no solo de las heridas físicas, sino también del profundo trauma dejado por este acto de odio.
La investigación sigue su curso. Mientras tanto, la comunidad de Boulder exige justicia y resalta la necesidad de proteger los espacios democráticos donde se expresa la diversidad de pensamiento, sin miedo a la violencia.
Corresponsal en Washington DC – Samuel Gálvez