El máximo tribunal dejó firme la condena a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la expresidenta por fraude al Estado. El caso, que incluye 51 licitaciones direccionadas a Lázaro Báez, sacude el tablero político argentino.
En un fallo de alto impacto institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina confirmó la condena contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por defraudación al Estado en el marco de la causa “Vialidad”. La sentencia quedó firme tras el rechazo unánime de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti a los recursos extraordinarios presentados por su defensa.
La resolución ratifica la pena de seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, convirtiendo a Kirchner en la primera expresidenta condenada con pena de cumplimiento firme desde el regreso de la democracia. El caso también involucra al empresario Lázaro Báez, socio comercial de los Kirchner y principal beneficiario de un esquema de corrupción estructural en la provincia de Santa Cruz.
El corazón del caso: 51 licitaciones direccionadas
Los hechos juzgados se remontan a los años 2003-2015, cuando durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, se adjudicaron 51 contratos de obras públicas a favor de Austral Construcciones, la empresa de Báez. La Justicia determinó que las licitaciones no solo carecieron de competencia real, sino que se diseñaron para favorecer sistemáticamente al empresario, quien pasó de ser un empleado bancario monotributista a controlar 41 estancias que abarcan unas 600.000 hectáreas.
Las obras, muchas de ellas inconclusas o abandonadas, fueron financiadas con fondos públicos transferidos sin control suficiente, incluso durante la crisis de 2008-2009. Buena parte de esos fondos, según las investigaciones, volvieron a manos de la familia Kirchner mediante contratos hoteleros y sociedades cruzadas, lo que es objeto de las causas conexas “Hotesur” y “Los Sauces”.
El decreto clave y el “Plan limpiar todo”
Una de las pruebas centrales fue el Decreto 54/2009, firmado por Cristina Kirchner, que modificó un fideicomiso preexistente para permitir el uso discrecional de fondos en obras viales. Esta norma eliminó los controles sobre la asignación específica de los recursos y habilitó a la Dirección Nacional de Vialidad a disponer directamente de los fondos, facilitando su redirección hacia las empresas de Báez.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola revelaron además 26.000 mensajes de WhatsApp hallados en el celular del exsecretario de Obras Públicas, José López. En esos chats, López coordinaba con Báez y su entorno el cierre de las empresas y el cobro acelerado de certificados de obra pendientes antes del traspaso de poder a Mauricio Macri en diciembre de 2015. Este operativo fue bautizado como “Plan limpiar todo”.
Según la acusación, Cristina Kirchner participó directamente en esas gestiones desde la residencia presidencial de Olivos y en reuniones privadas en Santa Cruz. “No es verosímil que Cristina no supiera”, dijo el fiscal Mola, aludiendo también a las referencias en los chats a “la jefa” o “la Pta.”, como mencionaban a la mandataria.
El fallo de la Corte
La Corte Suprema consideró que las defensas no lograron rebatir de forma concreta y fundada las pruebas ni las argumentaciones de las instancias previas. Rechazó el planteo de arbitrariedad y validó el procedimiento judicial, subrayando que el debido proceso fue respetado y que las decisiones previas “se asentaron en pruebas abundantes y valoradas conforme a la ley”.
Además, los jueces remarcaron que Cristina Kirchner no solo conocía la maniobra, sino que “se representó sus consecuencias y actuó con ánimo de lucro”. Sostuvieron que el decreto presidencial fue clave para permitir el desvío de fondos y que no bastaba con culpar a otros funcionarios —como los jefes de Gabinete— cuando quien detentaba la autoridad final era la Presidenta de la Nación.
Consecuencias políticas y judiciales
El fallo tiene implicancias inmediatas: Cristina Kirchner no podrá presentarse a elecciones ni ocupar cargos públicos de por vida, lo que frustra su plan de competir por una banca provincial. A sus 71 años, el Tribunal Oral Federal N.º 2 deberá decidir ahora si cumple su condena en prisión o bajo arresto domiciliario, como permite la ley para mayores de 70 años.
En paralelo, otros ocho condenados también recibieron penas de prisión e inhabilitación, entre ellos Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros exfuncionarios. También se confirmó el decomiso de los 84.000 millones de pesos defraudados, que retornarán al Estado.
Este es el primer fallo firme contra Cristina Kirchner, pero no el único frente judicial que enfrenta. Quedan pendientes los juicios orales de causas como “Los Cuadernos”, “Memorándum con Irán”, y otras investigaciones de gran envergadura.
Un hito en la historia judicial argentina
La condena de Cristina Fernández de Kirchner marca un antes y un después en la relación entre el poder político y la Justicia en la Argentina. Por primera vez desde el regreso de la democracia en 1983, un miembro central del oficialismo con peso institucional activo es condenado de manera irrevocable por corrupción.
Más allá de sus efectos jurídicos, la sentencia reconfigura el escenario político nacional, alimenta el debate sobre la impunidad de los dirigentes y pone a prueba la solidez de las instituciones republicanas en un país acostumbrado a la impunidad de sus poderosos.
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