La oposición no logró los votos necesarios para anticipar elecciones, mientras el gobierno de Netanyahu gana tiempo entre disputas internas sobre la ley de alistamiento militar
El Parlamento de Israel rechazó este jueves una moción presentada por la oposición para disolver la Knéset y adelantar las elecciones generales. La iniciativa, impulsada por el partido Yesh Atid del líder opositor Yair Lapid, fue derrotada con 61 votos en contra y 53 a favor, al cabo de una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada.
La votación reflejó la tensión creciente dentro del gobierno de coalición liderado por Benjamín Netanyahu, particularmente en torno a la controvertida ley que busca regular el reclutamiento militar obligatorio de los judíos ultraortodoxos (haredíes). Desde la creación del Estado de Israel, los estudiantes de ieshivot han recibido exenciones que nunca fueron formalmente legisladas, pero una reciente sentencia del Tribunal Supremo, tras la expiración de una disposición temporal en junio de 2024, ordenó su incorporación al Ejército.
Ante este escenario, los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá -aliados clave del gobierno- habían amenazado con retirarle su apoyo si no se garantizaba la continuidad de las exenciones. No obstante, finalmente votaron en contra de la disolución del Parlamento, luego de alcanzar lo que definieron como “principios de entendimiento” con Netanyahu para preservar el estatus de los estudiantes religiosos.
La oposición se negó a aplazar la votación, como pedían las formaciones religiosas, y decidió avanzar con la moción. “No hay razón para seguir dando tiempo a un gobierno que no gobierna”, sentenció Lapid en el pleno, aunque reconoció que no contaban con los votos suficientes.
Mientras tanto, en el seno de la coalición oficialista continúan las negociaciones para estructurar un nuevo marco legal. Según fuentes parlamentarias, el acuerdo preliminar contempla mantener un alto número de exenciones, pero incluiría cuotas mínimas de reclutamiento, así como sanciones civiles -como la revocación de licencias de conducir, restricciones para salir del país y eliminación de beneficios sociales- para quienes se nieguen a alistarse.
El presidente del Comité de Defensa de la Knéset, Yuli Edelstein, confirmó avances en el diseño de la ley, que fijaría un objetivo de reclutamiento del 50 % de los convocados en cinco años, con sanciones automáticas por incumplimiento.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta fuerte resistencia dentro de la comunidad haredí. Rabinos influyentes han emitido prohibiciones religiosas contra cualquier norma que implique cuotas de alistamiento. Además, las sanciones propuestas podrían tener un impacto limitado, dado que muchos estudiantes de ieshivá no conducen ni acceden a educación superior.
La polémica sobre el reparto de las cargas militares se ha agudizado desde el inicio de la guerra en Gaza, que forzó al gobierno a extender el servicio obligatorio y movilizar a decenas de miles de reservistas. En este contexto, crece la presión social para que todos los sectores de la sociedad israelí contribuyan por igual al esfuerzo bélico.
Por ahora, el fracaso de la moción parlamentaria le otorga a Netanyahu al menos una semana más para estabilizar su coalición y avanzar con el nuevo esquema legal. Si no lo logra, la presión para anticipar los comicios volverá con más fuerza.
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