En Costa Rica, un fenómeno discursivo cobra fuerza: el antisionismo como plataforma política. Lejos de limitarse a críticas legítimas hacia políticas de un gobierno específico, este enfoque apunta a deslegitimar al Estado de Israel en su totalidad, recurriendo a una narrativa que presenta al sionismo como sinónimo de opresión y fascismo. En el fondo, se trata de una estrategia ideológica que mezcla elementos verdaderos con distorsiones históricas y falacias, dificultando cualquier discusión racional.
Un partido político de izquierda ha hecho del antisionismo una bandera, incluso desplazando símbolos nacionales en sus actos por la bandera palestina. A ello se suman influencers, campañas en redes sociales y la tokenización de voces judías críticas para legitimar el mensaje. Esta táctica se presenta como una defensa de derechos humanos, pero muchas veces oculta un sesgo profundo hacia una única causa, desatendiendo tragedias similares o peores en otras regiones del mundo.
La promoción del BDS y el boicot a productos israelíes, incluso mediante apps y plataformas locales, se ha instalado como una extensión económica de esta narrativa. La mezcla de temas como la gentrificación turística con la supuesta “compra” del país por parte de empresarios israelíes revela la dimensión conspirativa que este discurso puede alcanzar.
Lo más alarmante no es solo la propagación del mensaje, sino la negativa sistemática al debate. Afirmar que “no se discute con fascistas” clausura cualquier posibilidad de intercambio democrático. Así, se refuerza la polarización y se impide distinguir entre crítica legítima y propaganda discriminatoria.
El caso costarricense no es aislado. Resuena con lo que ocurre en países como Chile, Colombia o España. El antisionismo político, disfrazado de compromiso social, es hoy una alerta encendida en América Latina, donde la manipulación ideológica amenaza con reemplazar la verdad histórica por relatos simplificados que alimentan el resentimiento.