El peso político de las comunidades ultraortodoxas en Israel plantea uno de los desafíos estructurales más urgentes para el futuro del país. Conforman una minoría poblacional, pero su capacidad de incidir en las coaliciones de gobierno les permite condicionar decisiones clave, particularmente en materia de subsidios estatales y exenciones al servicio militar.
La reciente discusión sobre una ley de enrolamiento que exige que al menos una fracción de los jóvenes ultraortodoxos sirva en las Fuerzas de Defensa revela el profundo desequilibrio entre las obligaciones ciudadanas y los privilegios negociados desde el poder. De más de 50.000 convocados en 2024, solo 122 fueron incorporados al ejército. Mientras tanto, miles de reservistas siguen prestando servicio ininterrumpido desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, con impactos directos en la economía y la vida civil.
El sistema actual sostiene a una población que, en su mayoría, no se integra al mercado laboral ni a la educación formal. Con tasas de empleo masculina por debajo del 55% y una formación centrada exclusivamente en estudios religiosos, la sustentabilidad del modelo comienza a mostrar grietas. La proyección demográfica es inquietante: para 2035, la mitad de los niños en primer grado podrían pertenecer a este sector.
El sistema electoral proporcional, sin mecanismos eficaces para limitar el chantaje parlamentario, multiplica los efectos de esta crisis. Reformas como limitar la disolución del gobierno o imponer requisitos educativos mínimos están bloqueadas por los mismos actores que se benefician del statu quo. La abstención electoral en sectores laicos o moderados solo amplifica la disparidad. La pregunta de fondo es si Israel podrá reformarse antes de que las tensiones internas superen su capacidad de respuesta.