Desde hace décadas, numerosos sobrevivientes del Holocausto han sido erróneamente penalizados por la SSA debido a pagos de indemnización otorgados por la Claims Conference, organización que negocia compensaciones con el gobierno alemán desde 1952, y otras entidades.
En 1994, el Congreso aprobó la Ley de Víctimas de Persecución Nazi, dejando claro que estos pagos no deben contarse como ingresos para determinar la elegibilidad al SSI.
Sin embargo, cada ciertos años, con nuevos desembolsos, vuelven a surgir errores burocráticos conocidos como “sobre-recursos”, que llevan a suspensiones de beneficios, solicitudes de reembolso e incluso pérdida de Medicaid, vital para la atención médica de los ancianos afectados.
En Nueva York, una revisión de 29 casos recientes mostró que al menos cinco sobrevivientes rusoparlantes fueron penalizados indebidamente por supuestos sobrepagos relacionados con indemnizaciones del Holocausto.
Con la reestructuración de la SSA bajo la administración Trump y el liderazgo del actual comisionado Frank Bisignano, se han eliminado cerca de 7,000 puestos y cerrado decenas de oficinas. Además, se ha exigido que ciertos trámites se realicen de forma presencial, complicando aún más el acceso a recursos para personas mayores o con movilidad limitada.
“La actitud de la agencia se ha vuelto más hostil. Asumen primero que hay fraude, en lugar de entender el contexto. Estamos hablando de personas que sobrevivieron al Holocausto, que viven con lo mínimo. No deberíamos tratarlas como sospechosas.”, denuncia el abogado Avram Sacks, especialista en Seguridad Social.
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