El Tribunal Superior de Justicia de Israel rechazó el domingo una solicitud para suspender provisionalmente el procedimiento gubernamental que busca destituir a la fiscal general, Gali Baharav-Miara. Con esta decisión, la corte despeja temporalmente el camino para que un nuevo comité ministerial se reúna como estaba previsto y continúe con el proceso.
El juez Noam Sohlberg argumentó que la intervención judicial resultaba prematura, ya que el comité aún no había formulado ninguna recomendación ni se había producido una decisión oficial del gobierno. Por tanto, los demandantes tendrán la posibilidad de volver a presentar sus objeciones si se concreta una resolución de despido.
Horas antes del fallo, los ministros Yariv Levin (Justicia) y Amichai Chikli (Asuntos de la Diáspora) presentaron una declaración al tribunal —no redactada por asesores legales, sino por ellos mismos— en la que no respondieron a los argumentos jurídicos, pero acusaron a Baharav-Miara de actuar por motivaciones políticas y de obstruir sistemáticamente las políticas del Ejecutivo. Incluso insinuaron que podrían no acatar una eventual decisión contraria del tribunal.
La fiscal general fue designada por el anterior gobierno, y desde el inicio del actual mandato ha mantenido un enfrentamiento directo con la coalición. La acusa de actuar fuera del marco legal y de entorpecer sus iniciativas legislativas, algunas de ellas cuestionadas por su constitucionalidad.
El nuevo comité, encabezado por Chikli e integrado por cinco ministros, se estableció en junio mediante una resolución del gabinete, luego de que el intento inicial de aplicar el mecanismo de destitución vigente desde el año 2000 no prosperara. Grupos de vigilancia como el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel (MQG) presentaron recursos contra esta resolución, argumentando que altera ilegalmente el procedimiento en curso.
En su declaración al tribunal, Levin y Chikli afirmaron que “ya no es tolerable que el gobierno sea privado de asesoría y representación legal por parte de una fiscal que actúa motivada por intereses personales”. Además, sostuvieron que mantenerla en su puesto “contradiría la esencia de la democracia” y tendría “graves implicaciones institucionales”.
Por su parte, MQG advirtió que este proceso forma parte de una maniobra más amplia para politizar el sistema judicial, y denunció que un gobierno con numerosos miembros investigados por corrupción busca desmantelar al principal garante del Estado de derecho.
La audiencia del comité ministerial para evaluar el posible despido de Baharav-Miara está prevista para este lunes, aunque aún se desconoce si la fiscal asistirá.
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