En Israel, ciertas posiciones estratégicas del servicio civil están diseñadas para proteger la continuidad y la legalidad del Estado frente a cambios de gobierno. Entre estas, la figura del asesor jurídico del Ejecutivo se destaca: su rol no es político, sino garantizar que todas las decisiones gubernamentales cumplan con la ley. Esto incluye desde políticas de reclutamiento hasta la aprobación de acciones en conflictos internacionales.
La destitución de estos cargos no depende únicamente de la voluntad del gobierno en turno. Solo un comité especializado, que incluye jueces y exministros de Justicia, puede aprobar cambios, lo que asegura profesionalismo y evita que la política temporal altere la estructura estatal. Esta medida ha generado tensiones recientes, especialmente cuando las decisiones legales chocan con los intereses políticos inmediatos.
El sistema refleja un equilibrio delicado entre autoridad política y estabilidad institucional. La necesidad de coaliciones fragmentadas y la ausencia de una Constitución formal amplifican los desafíos: cada nombramiento y decisión legal puede transformarse en un foco de debate político y social. En este contexto, la independencia del servicio civil se convierte en un factor clave para mantener la gobernabilidad y la confianza en las instituciones.