El Gobierno británico anunció este domingo una profunda reforma del sistema de asilo, en un contexto de protestas masivas contra la presencia de inmigrantes y contramanifestaciones en defensa de los refugiados. La ministra del Interior, Yvette Cooper, aseguró que la medida busca crear un organismo independiente que acelere la resolución de solicitudes, en un esfuerzo por poner fin a los “retrasos inaceptables” que permiten a solicitantes rechazados permanecer en el país durante años.
Protestas y contramanifestaciones en todo el país
Las movilizaciones del sábado tuvieron como epicentro ciudades como Bristol, Exeter, Tamworth, Cannock, Nuneaton, Liverpool, Wakefield, Newcastle, Horley y Canary Wharf en Londres, además de Aberdeen y Perth en Escocia y Mold y Flintshire en Gales. Bajo el lema “Abolamos el sistema de asilo”, cientos de personas marcharon portando banderas de San Jorge y consignas antiinmigración.
Al mismo tiempo, colectivos antirracistas como Stand Up to Racism organizaron contraprotestas en varias localidades, reclamando solidaridad y respeto hacia quienes buscan refugio. En algunas ciudades, la tensión derivó en enfrentamientos con la policía. En Bristol, la intervención de la policía montada fue necesaria para separar a los grupos rivales, y una mujer fue detenida por agredir presuntamente a un trabajador de emergencias.
Debate político encendido
La reforma ha intensificado la discusión política en Westminster. El Partido Conservador calificó el sistema de asilo actual de “caótico”, mientras que Reform UK, liderado por Nigel Farage, planteó medidas de mano dura como la detención automática de solicitantes llegados en pequeñas embarcaciones y su deportación forzosa a países como Afganistán o Eritrea.
Farage, actualmente en alza en las encuestas, sostuvo que la situación constituye “una crisis de magnitud histórica que amenaza la seguridad nacional y alimenta la indignación pública”, y se comprometió a imponer un giro radical en la política migratoria si llega al poder.
El Gobierno laborista de Keir Starmer, por su parte, prometió eliminar progresivamente el uso de hoteles antes de 2029, aunque advirtió que la transición debe hacerse de forma ordenada para evitar un colapso en la gestión de migrantes.
Caso judicial y escalada de tensiones
El debate se agudizó días antes de las protestas, cuando el Tribunal Superior de Londres concedió al municipio de Epping una orden judicial para desalojar a los migrantes del Hotel Bell, previsto para el 12 de septiembre. El lugar se convirtió en foco de polémica tras la imputación de Hadush Gerberslasie Kebatuhursday, un migrante etíope acusado de agredir sexualmente a una menor de 14 años.
El incidente avivó la indignación pública y reforzó los cuestionamientos sobre el uso de hoteles como solución provisional para solicitantes de asilo.
Un desafío persistente
Las autoridades británicas anticipan nuevas manifestaciones en los próximos días. La crisis migratoria, con su dimensión humanitaria y política, se ha consolidado como uno de los temas centrales de la agenda nacional. Entre la urgencia por reducir los costes y el deber de garantizar derechos, el Reino Unido se enfrenta al reto de encontrar un equilibrio que evite una mayor polarización social.
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