El presidente colombiano denuncia una “amenaza cumplida” y anuncia su defensa legal frente a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro.
El presidente Gustavo Petro confirmó su inclusión en la denominada Lista Clinton (OFAC) del Gobierno de Estados Unidos, junto con su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti.
A través de su cuenta oficial en X, el mandatario calificó el hecho como el cumplimiento de una “amenaza” proveniente de Bernie Moreno (senador republicano de EE.UU.), y anunció la designación del abogado estadounidense Dany Kovalik como su representante legal.
“Efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió. Yo, mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los Estados Unidos. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, publicó el presidente Petro.
La inclusión del mandatario colombiano implica su bloqueo financiero en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de entablar relaciones comerciales o financieras con ciudadanos o empresas de ese país.
Creada en 1995, la Ley de Designación de Capos del Narcotráfico busca sancionar a individuos y organizaciones extranjeras vinculadas con el tráfico de drogas. Su aplicación tiene un alcance internacional, ya que la mayoría de los bancos del mundo dependen del sistema financiero estadounidense.
La medida llega en un momento de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington, tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó a Petro como “líder del narcotráfico en Colombia”.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que “desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a sus ciudadanos”.
El gobierno colombiano no se ha pronunciado oficialmente más allá del mensaje del presidente, pero fuentes cercanas al Palacio de Nariño anticipan que la defensa legal buscará demostrar que la decisión de Washington carece de fundamento jurídico y responde a motivaciones políticas.
La controversia marca un nuevo punto de inflexión en la relación entre Colombia y Estados Unidos, tradicionalmente aliadas en la lucha contra el narcotráfico, pero ahora enfrentadas por una sanción sin precedentes contra un jefe de Estado en funciones.
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