Por Eldad Shavit
La serie de visitas de altos funcionarios de la Administración estadounidense a Israel, junto con el despliegue de fuerzas estadounidenses en el cuartel general de avanzada en Kiryat Gat, que supervisa el acuerdo de alto el fuego en Gaza, reflejan el firme compromiso del presidente Trump para garantizar el éxito del acuerdo.
Desde su perspectiva, el acuerdo pretende servir de base para una nueva arquitectura regional en Oriente Medio, centrada en la expansión de los Acuerdos de Abraham.
La Administración, liderada por Trump y sus asesores principales, mantiene una postura firme hacia Hamás, incluyendo la amenaza de una acción militar si viola el acuerdo o se niega a desarmarse.
Al mismo tiempo, la Administración ejerce una creciente presión sobre Israel para evitar acciones que puedan poner en peligro la implementación del alto el fuego.
El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que “no hay un plan B” y que el acuerdo es la única vía hacia la estabilidad.
El propio Trump insiste en que Israel actuará solo “si él lo aprueba”, lo que implica que solo él determinará si Hamás ha incumplido el acuerdo.
Además, el presidente ha prometido que “Israel no aplicará la autonomía sobre territorios en Cisjordania”.
A pesar del amplio entendimiento entre Jerusalén y Washington, la determinación estadounidense de acelerar la implementación podría generar importantes diferencias entre las partes, especialmente si la Administración busca avanzar antes de que se resuelvan todos los complejos asuntos.
Entre estos destacan:
La Fuerza Multinacional: Se espera que la Administración posiblemente impulse el despliegue temprano de la fuerza, antes de que se alcance un acuerdo total sobre su mandato y los países participantes (incluida la cuestión de la participación turca).
Israel, por su parte, insiste en un control estricto sobre su composición, operaciones y coordinación con las agencias de seguridad y humanitarias.
Desmilitarización: Estados Unidos favorece un mecanismo internacional bajo su supervisión para garantizar un proceso de desarme gradual junto con una retirada gradual israelí.
Israel insiste en el desmantelamiento completo de la infraestructura terrorista como condición previa para cualquier cambio en el despliegue de tropas y rechaza marcos paralelos o recíprocos.
Aún no se han establecido un cronograma acordado ni puntos de referencia para evaluar el progreso.
Alternativa de gobernanza: Washington, con el respaldo de los estados árabes, tiende a suavizar la condición de que el órgano de gobierno interino se separe completamente de la Autoridad Palestina, mientras que Israel se opone a la inclusión de figuras afiliadas a ella o a Hamás y exige garantías de seguridad vinculantes antes de reducir la presencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Reconstrucción de Gaza: Estados Unidos busca lanzar, ya en la Fase II, un plan de reconstrucción civil a gran escala financiado por una coalición árabe-occidental como base para la estabilidad civil y económica.
Israel, sin embargo, condiciona cualquier paso de reconstrucción a la finalización del desarme y a una estricta supervisión de la seguridad, rechazando la transferencia de fondos antes de que “la amenaza militar se haya eliminado por completo”.
En conclusión, la segunda fase del acuerdo de alto el fuego de Gaza coloca las relaciones entre Estados Unidos e Israel en una delicada prueba entre la visión política estadounidense y el imperativo israelí de mantener el control de la seguridad.
Si bien Trump considera el acuerdo como una palanca para construir un nuevo orden regional, la prioridad de Israel sigue siendo salvaguardar su seguridad e independencia operativa.
La capacidad de superar estas diferencias determinará si el acuerdo se convierte en un proceso regional estable o se derrumba debido a desacuerdos estratégicos entre los aliados más cercanos.
Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies
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