Los residentes de Hadera, considerada la ciudad más contaminada de Israel, intensifican su lucha contra el intento del gobierno de extender la vida útil de la central eléctrica Orot Rabin, responsable de entre 50 y 250 muertes prematuras cada año.
Aunque se había decidido cerrar la planta en 2022, las autoridades energéticas ahora proponen prolongar su funcionamiento entre tres y diez años, alegando la necesidad de garantizar la continuidad del suministro eléctrico.
Los habitantes denuncian que el carbón cubre sus hogares y afecta gravemente su salud. “Colgamos la ropa y en minutos se pone negra”, relató un concejal local ante el Comité de Medioambiente del Knéset. Estudios del Ministerio de Salud y de universidades israelíes vinculan desde hace décadas la contaminación de la planta con altos índices de enfermedades respiratorias y mortalidad en la región.
Pese a los compromisos ambientales, la Autoridad de Electricidad busca una prórroga de tres años, mientras que la empresa operadora NOGA pretende un margen de hasta una década. Ambientalistas y exlegisladores, como Yael Cohen-Paran, advierten que la verdadera seguridad energética no depende del carbón, sino de diversificar las fuentes y promover la energía solar distribuida en los hogares.
El Ministerio de Energía justifica la medida como respaldo ante eventuales ataques que afecten los campos de gas o instalaciones solares. Sin embargo, expertos estiman que mantener la operación de Orot Rabin podría costar hasta 1.800 millones de dólares en daños a la salud y al ambiente, además de poner en riesgo las metas de reducción de emisiones que Israel asumió a nivel internacional.
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