El conflicto en Sudán, reactivado en abril de 2023, ha dejado una huella devastadora en la población civil, con estimaciones de hasta 150,000 muertos y millones de desplazados internos. La caída del bastión de El Fasher y los ataques a hospitales y zonas habitadas han evidenciado la magnitud de la violencia, mientras miles de familias buscan refugio en campamentos, enfrentando hambre y precariedad extrema.
La dimensión humanitaria de esta crisis es alarmante: cerca de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria aguda, y el acceso a agua potable y servicios de salud básicos es insuficiente. La respuesta internacional ha sido limitada; las sanciones y embargos no detienen la violencia, y el financiamiento de organismos internacionales no alcanza para cubrir las necesidades básicas de la población afectada.
Sudán se ha convertido en un escenario de enfrentamientos proxis, donde actores regionales y potencias globales buscan influir en la zona con intereses estratégicos, exacerbando el conflicto en lugar de mitigarlo. La falta de coordinación internacional y la atención desigual frente a otras crisis globales evidencian un patrón de hipocresía geopolítica que deja a la población sudanesa en situación de vulnerabilidad extrema.
El país africano, marcado por divisiones históricas y un pasado reciente de genocidio, enfrenta ahora un desafío humanitario que exige no solo cobertura mediática, sino una acción internacional coordinada y efectiva para prevenir que la tragedia se profundice.