Por Yoel Guzansky
El debate sobre el traslado de la oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Beirut a Doha no es una discusión técnica sobre costos o logística.
Es una prueba fundamental de hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a comprometer sus valores esenciales a cambio de conveniencia presupuestaria.
Trasladar la sede de un organismo destinado a proteger los derechos de los trabajadores a un país acusado durante años de explotar sistemáticamente a los trabajadores migrantes no es simplemente una decisión miope, sino un golpe directo a la esencia de la organización.
Es cierto que Qatar ha implementado ciertas reformas en los últimos años tras las críticas recibidas en vísperas de albergar la Copa Mundial, pero estas medidas no alteran la realidad fundamental: los sindicatos están prohibidos, la capacidad de los trabajadores para cambiar de empleador está restringida, las condiciones laborales en el sector de la construcción son precarias y la libertad de crítica es inexistente.
En Doha, toda reunión con los trabajadores requiere la aprobación del gobierno.
Este no es un entorno en el que pueda operar un organismo de la ONU encargado de garantizar que los gobiernos no atropellen los derechos de los trabajadores.
Semejante medida no solo perjudicaría a los empleados de la OIT, quienes con razón temen por su independencia, sino que también enviaría un mensaje peligroso a los países de la región: que las normas internacionales son flexibles y que se pueden violar y aun así obtener como recompensa la sede de un organismo internacional de supervisión.
En un momento en que los derechos de los trabajadores se encuentran bajo una fuerte presión en todo Oriente Medio, la OIT debería ser precisamente lo contrario: la última línea de defensa y no un socio cautivo de los regímenes.
El derecho de la organización a preservar su independencia no es un asunto interno; es una condición fundamental para su capacidad de proteger a los trabajadores que no tienen voz.
Cualquier paso que la debilite —en especial el traslado a un país que restringe la libertad de expresión y de asociación— no es una reforma, sino una capitulación.
Si la OIT realmente busca fortalecer su credibilidad y mantener su mandato, debe dejar claro que albergar sus oficinas no es un premio político, sino una responsabilidad otorgada únicamente a aquellos Estados que respetan los valores sobre los que se fundó la organización.
Qatar, hasta el momento, está lejos de cumplir con este requisito mínimo.
Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies
La entrada Absurdo bajo los auspicios de la ONU: ¿Proteger los derechos de los trabajadores en un país que los restringe? se publicó primero en Aurora Israel Noticias en Español.