La discusión sobre una posible amnistía para el primer ministro antes de que concluyan sus procesos judiciales volvió a colocar a Israel en un punto de tensión institucional. No se trata solamente de un debate jurídico: es, sobre todo, un interrogante moral sobre qué significa perdonar cuando ni siquiera existe una condena, una confesión o un cierre formal de las causas. La propuesta, presentada bajo el argumento de “cerrar una etapa para el bien del país”, abre un dilema que atraviesa a la sociedad israelí desde hace décadas.
El contraste con episodios históricos —como el caso del “bus 300” en los años ochenta, donde agentes del Shabak fueron perdonados tras admitir su responsabilidad— expone aún más la particularidad del momento actual. Aquellas amnistías fueron discutidas y polémicas, pero se apoyaban en hechos aceptados por todas las partes. Hoy, en cambio, se propone un perdón sin delito reconocido, sin sentencia y sin claridad jurídica. La excepción corre el riesgo de convertirse en regla.
A esa incertidumbre institucional se suma un clima social marcado por el cansancio: crisis presupuestaria, discusiones irresueltas sobre el servicio militar obligatorio, tensiones entre sectores laicos y ultraortodoxos, y manifestaciones que se encienden y se apagan según la agenda pública del día. Todo parece girar alrededor de una sola figura, mientras temas estructurales quedan relegados.
Sin embargo, el trasfondo es más profundo. La liberación del penúltimo secuestrado de Hamas y la angustia por el último cautivo recuerdan que el país sigue viviendo con heridas abiertas. En ese contexto, cualquier gesto político es leído con lupa, y cualquier intento de cerrar un capítulo corre el riesgo de sonar más a conveniencia que a consenso.
Israel atraviesa un momento en el que cada movimiento institucional puede redefinir la relación entre la justicia, el poder y la confianza ciudadana. La amnistía propuesta no sólo interpela a los juristas: interpela a todo un país que aún busca equilibrio entre la necesidad de estabilidad y la exigencia de integridad democrática.