Las reacciones políticas de presidentes de distintos países y líderes políticos peruanos frente a la captura de Nicolás Maduro (documentados en los adjuntos tomados de El Comercio de hoy) han transparentado algo que ya se caía de evidente, pero que muchos preferían no decir en voz alta: el derecho internacional ya no opera como un marco normativo común, sino como un lenguaje estratégico al servicio de intereses, alianzas y correlaciones de poder. Lo que quedó expuesto no es una anomalía del sistema, sino su funcionamiento real.
Durante décadas se nos enseñó que el derecho internacional era el conjunto de reglas que ordenaban la convivencia entre Estados: soberanía, no intervención, autodeterminación de los pueblos, respeto a los derechos humanos. Un árbitro imparcial por encima de las pasiones políticas. Hoy, ese relato suena cada vez más a pieza de museo.
En la práctica contemporánea, las decisiones políticas se toman primero; el derecho aparece después, como coartada discursiva. Se lo cita para justificar acciones ya decididas y se lo ignora cuando incomoda. Conceptos como “defensa de la democracia”, “transición ordenada”, “intervención humanitaria” o “respeto a la soberanía” se activan selectivamente, según convenga al actor que habla.
No se discute qué dicen las normas, sino quién las invoca. La legalidad dejó de ser un límite y pasó a ser un argumento más en la disputa política internacional.
El rasgo más evidente de este nuevo escenario es la selectividad moral. La soberanía es inviolable cuando protege a aliados y prescindible cuando estorba. La autodeterminación se defiende en ciertos territorios y se relativiza en otros. Las violaciones a los derechos humanos generan indignación en algunos casos y silencio en otros.
No hay escándalo por la incoherencia, porque la incoherencia se ha normalizado. El derecho internacional ya no pretende ser universal; es contextual. Se aplica según alineamientos ideológicos, intereses económicos, dependencias energéticas o cálculos estratégicos.
Organismos como la Organización de las Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional siguen exhibiendo cartas fundacionales impecables. El problema no está en lo que dicen esos textos, sino en cómo se decide ignorarlos.
Sus resoluciones, condenas o silencios no se explican por la consistencia jurídica, sino por alianzas políticas, poder de veto, capacidad de presión económica y peso militar de los Estados involucrados. No decide la norma vulnerada, sino el actor que la vulnera. Quién financia, quién bloquea, quién amenaza con retirarse, quién sostiene el sistema.
Así, el derecho se vuelve negociable. La legalidad ya no emana de principios universales, sino de acuerdos coyunturales. Las instituciones conservan valor simbólico y retórico, pero pierden autoridad moral. El derecho internacional deja de ser un marco vinculante y se convierte en un escenario de diplomacia dura.
Ante esta erosión, el debate se ha desplazado. Ya no se pregunta si una acción es legal, sino si es “legítima”. Y la legitimidad se construye narrativamente: lucha contra dictaduras, combate al narcotráfico, prevención del terrorismo, protección de civiles.
En ese desplazamiento ocurre algo peligroso: lo ilegal puede presentarse como necesario, y lo legal como cómplice de la injusticia o del inmovilismo. El derecho ya no ordena la acción política; la sigue, tratando de alcanzarla con explicaciones cada vez más creativas.
El resultado es un orden internacional asimétrico. Las reglas se aplican con rigor a los Estados débiles y con flexibilidad a los fuertes. No es el fin del derecho internacional, pero sí su subordinación explícita al poder. La ley existe, pero no manda; acompaña.
Esto no es cinismo: es descripción. El sistema internacional no funciona sobre principios, sino sobre correlaciones de fuerza. Pretender lo contrario es confundir deseo con realidad.
De lo dicho surgen algunos conceptos a considerar. Primero: los países no se mueven por principios, sino por intereses. Los valores se declaran; los intereses se ejecutan. El derecho internacional no define la conducta de los Estados: la justifica, la adorna o la contradice según convenga. Esperar coherencia moral en la política internacional es desconocer su lógica básica.
Segundo: la orientación real de un país no la fija el derecho internacional, sino su ciudadanía. No por comunicados diplomáticos, sino por lo que el colectivo ciudadano esté dispuesto a respaldar, tolerar o resistir. Esa orientación se define por dos vías concretas y no por discursos:
- La vía electoral, cuando las urnas expresan con claridad un mandato político.
- La vía cívica, cuando la movilización social altera el cálculo de costos del poder.
Sin presión interna, ningún Estado actúa por principios. Con presión suficiente, incluso el poder más cínico recalcula.
El derecho internacional puede ofrecer lenguaje, marcos y rituales. Pero la dirección real del mundo se decide puertas adentro, en la relación entre poder político, intereses nacionales y ciudadanía activa. Cuando los ciudadanos renuncian a esa responsabilidad, el derecho queda reducido a papel. Cuando la asumen, incluso las reglas olvidadas vuelven a incomodar al poder. Y eso —no los tratados— es lo que realmente cambia la historia.
Este no es un problema ajeno ni lejano. A quienes elijan los peruanos en 2026 se regirán por exactamente los mismos conceptos: intereses, cálculos de poder y lectura de costos políticos. No actuarán por principios abstractos ni por llamados externos al “orden democrático”, sino por la presión real —o su ausencia— de la ciudadanía que los eligió.
Nos haría bien entenderlo a tiempo. Elegir autoridades que respondan a la vigilancia, exigencia y presión cívica de sus ciudadanos es la única forma de ordenar el país desde dentro. La alternativa —ya conocida en la historia peruana y latinoamericana— es esperar que la violencia, el colapso institucional o incluso la intervención externa pongan el orden que no supimos construir por vías pacíficas.
El derecho, sea nacional o internacional, no reemplaza a la ciudadanía (que incluye a los militares que son parte de ella). La sustituye solo cuando esta abdica. Y cuando eso ocurre, el vacío no lo llenan los principios, sino la fuerza.