La muerte de dos bebés de 6 y 3 meses en una guardería clandestina del barrio de Romema, en Jerusalén, y la intoxicación de decenas de niños que, en su mayoría, lograron recuperarse, reabrió un profundo debate sobre las responsabilidades colectivas detrás de una tragedia que, según distintas voces, estaba “anunciada desde hace tiempo”.
El caso expone fallas estructurales en varios niveles. Por un lado, se señala al Ministerio de Educación de Israel por la falta de presupuesto y de plazas suficientes en guarderías estatales, especialmente para el sector jaredí, caracterizado por familias numerosas. A esto se suma un dictamen de la Fiscalía General de 2024 que limitó la asignación de fondos a ciertos entes educativos, en el marco del conflicto por el reclutamiento de judíos ortodoxos, lo que habría contribuido indirectamente a la proliferación de establecimientos clandestinos.
También se cuestiona a la municipalidad de Jerusalén, que habría conocido desde hace años la existencia de esta guardería —que funcionaba desde hace al menos tres décadas— sin intervenir. A ello se agregan las responsabilidades directas de quienes administraban el lugar, por las condiciones precarias en las que se encontraban los niños, y, con dolor, la de los propios padres, empujados por la falta de opciones y los altos costos: mientras una guardería formal cuesta entre 3.500 y 4.000 shekalim mensuales, las clandestinas cobran alrededor de 1.500.
Finalmente, se rechazaron intentos de minimizar lo ocurrido, como atribuir a los equipos de rescate la ubicación de los bebés en condiciones inadecuadas. “Tapar los hechos es invitar a una tragedia futura”, advirtieron. El llamado es claro: asumir responsabilidades, aprender de lo sucedido y tomar medidas concretas para que una tragedia evitable como esta no vuelva a repetirse.
Natalio Steiner, director de Comunidades Plus
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