A 34 años del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, la causa judicial continúa abierta bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin avances sustanciales en materia de juzgamiento. Así lo explicó el especialista en seguridad y geopolítica Luis Fuensalida, quien repasó el estado del expediente y cuestionó la falta de decisiones políticas a nivel diplomático.
“El atentado a la embajada de Israel fue el primer ataque dentro de un accionar mucho más amplio que tuvo como protagonista a la organización terrorista Hezbollah bajo el patrocinio del régimen de la República Islámica de Irán”, afirmó Fuensalida, al tiempo que subrayó que la investigación “ha dejado probado” tanto el rol operativo de la organización libanesa como el apoyo logístico de funcionarios iraníes en la Argentina.
En ese sentido, detalló que la causa determinó la participación de actores clave en la planificación y ejecución del ataque: “Se estableció que el ciudadano libanés Samuel Salman El Reda coordinó al grupo operativo de Hezbollah con apoyo logístico de personal diplomático iraní en Buenos Aires”, indicó. Además, remarcó la responsabilidad de Imad Mughniyeh como uno de los principales cerebros del atentado, quien incluso “reivindicó su responsabilidad 24 horas después del ataque”.
Sobre el estado judicial, Fuensalida fue claro: “La causa sigue abierta y es imprescriptible”, recordó, y explicó que la competencia recae exclusivamente en la Corte Suprema por tratarse de una sede diplomática extranjera. Esto, según indicó, es una de las razones por las cuales no se avanzó en un juicio en ausencia, como sí se analiza en la causa AMIA: “Es la Corte la que debe determinar si da lugar a que se aplique el juicio en ausencia y llevarlo adelante”.
El especialista también apuntó contra la falta de definiciones políticas frente a la responsabilidad atribuida a Irán. “Lo acontecido, no solo con la embajada sino también con la AMIA, es un acto de guerra”, sostuvo, y agregó: “Se tendría que haber roto relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán ya en 1994”. En esa línea, consideró que se trata de “una deuda pendiente de todos los gobiernos desde Menem hasta Milei”.
Finalmente, Fuensalida advirtió sobre las implicancias actuales del conflicto y la persistencia de amenazas: “Si estamos reconociendo que es un Estado que puede organizar ataques, con más razón se deberían tomar medidas concretas”, señaló. Y concluyó con una reflexión crítica: “Mejor hechos que palabras. Hace rato que se tendría que haber roto relaciones diplomáticas con Irán”.