En medio de la guerra y de una creciente presión política interna, Israel abrió un nuevo frente de controversia institucional con dos iniciativas que ya generan un fuerte debate público: la aprobación de una ley que habilita la pena de muerte para terroristas y la ampliación de competencias de los tribunales rabínicos sobre asuntos civiles. Para el abogado argentino-israelí León Amiras, presidente del Colegio de Abogados de Jerusalén, ambas medidas responden más a necesidades de supervivencia política de la coalición de gobierno que a una estrategia jurídica sostenible.
Consultado sobre la nueva legislación vinculada a la pena capital, Amiras fue tajante: “Es un tema muy político”. Según explicó, se trata de una bandera histórica de sectores de ultraderecha que ahora logró avanzar en la Knesset. Aun así, advirtió que el problema no es solo ético o internacional, sino también judicial. “Es una ley que le ata la mano a los jueces israelíes”, afirmó, al señalar que, si se aplica, el magistrado tendría un margen muy reducido para evaluar atenuantes o contemplar otras penas.
El jurista remarcó además que Israel quedaría alineado con países cuya tradición jurídica y política dista mucho de la imagen que el Estado hebreo busca proyectar en Occidente. “Israel estaría en ese club de países como Irán y China o Pakistán o Irak, no me simpatiza”, sostuvo. No obstante, reconoció que el trauma del 7 de octubre alteró profundamente la sensibilidad social y explica por qué una parte importante de la población observa con menos resistencia este tipo de iniciativas. En ese sentido, señaló que muchos israelíes sienten frustración al ver que terroristas responsables de masacres terminan siendo juzgados con todas las garantías procesales, e incluso podrían ser liberados en futuros intercambios por secuestrados.
A su juicio, otro de los puntos más delicados de la ley es su posible aplicación desigual. Amiras advirtió que la redacción parece orientada principalmente a palestinos o árabes israelíes acusados de terrorismo, lo que abre interrogantes sobre discriminación y selectividad penal. “Esto va más encaminado a los terroristas de Judea y Samaria y quizás a árabes israelíes”, explicó. Y aunque considera probable que organizaciones de derechos humanos presenten recursos ante la Corte Suprema, también anticipó que una eventual revisión judicial volvería a encender la disputa sobre el alcance del poder de los jueces frente a las decisiones del Parlamento.
La segunda polémica que atraviesa hoy a Israel es la expansión de las facultades de los tribunales rabínicos, que hasta ahora estaban concentrados principalmente en cuestiones de familia, divorcios, alimentos y manutención. La nueva normativa permitiría que también intervengan en conflictos laborales, daños y perjuicios y disputas civiles, siempre que ambas partes acepten esa jurisdicción. Para Amiras, esa condición limita parcialmente el impacto, pero no elimina el problema de fondo. “Lo que esta ley dice es que los tribunales rabínicos van a tener competencia en otros puntos, en el derecho de trabajo, en derecho de daños y perjuicios, en conflictos de derecho civil”, detalló.
El abogado sostuvo que, en la práctica, este cambio puede profundizar tensiones en sectores donde la presión comunitaria o religiosa condiciona la libertad de elección, especialmente en el caso de las mujeres dentro del mundo ortodoxo. “Va a ser muy difícil que la mujer diga: ‘Yo no estoy de acuerdo de ir al tribunal rabínico y yo quiero ir al tribunal laico’”, alertó. A eso sumó otra objeción de peso: los jueces rabínicos no son abogados formados en derecho secular, sino referentes religiosos con otro tipo de preparación. “Son jueces que no son profesionales… son gente muy sabia, pero que no son gente que ha estudiado leyes”, afirmó.
En ese marco, Amiras trazó un diagnóstico inquietante sobre el rumbo institucional del país. Consideró que estas reformas se discuten en un momento especialmente sensible, atravesado por la guerra, la polarización interna y el crecimiento del antisemitismo en el exterior. “Es triste que en un momento de guerra tengamos que dedicarnos a este tipo de legislación”, lamentó. Y agregó una definición que resume su preocupación: “Es como que nos estamos yendo atrás muchos años”.
Durante la entrevista, también se refirió al impacto concreto que la guerra tiene sobre la vida cotidiana de los israelíes, especialmente en el plano patrimonial y habitacional. Explicó que el Estado brinda asistencia inmediata a quienes pierden sus viviendas o bienes por ataques con misiles. “El Estado no deja a las personas a la intemperie”, aseguró. Como ejemplo, relató el caso de una joven cuya casa fue destruida y que fue alojada de inmediato en un hotel con cobertura total, así como el de una familia que perdió su vivienda y recibió ayuda económica para alquilar mientras intenta reconstruir.
Sin embargo, aclaró que la asistencia estatal no alcanza para compensar el daño humano y emocional. “Aunque le des el dinero que le des, no podés ayudarlo”, dijo, en referencia a quienes pierden recuerdos, pertenencias y estabilidad. Además, advirtió sobre otro problema creciente: la falta de mano de obra para reconstrucción, agravada por el cierre de fronteras y las restricciones al ingreso de trabajadores palestinos tras el 7 de octubre.
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