En tiempos de conmoción, miedo y desgaste social, las democracias suelen verse tentadas a responder con medidas extremas. La reciente aprobación de una norma que habilita la pena de muerte para terroristas se inscribe en esa lógica: ofrecer una señal de dureza frente a una amenaza real y persistente. Sin embargo, una ley puede sonar contundente en el plano simbólico y, al mismo tiempo, resultar ineficaz —o incluso contraproducente— en el terreno de la seguridad.
El principal problema no es moral, aunque también lo sea. El problema central es estratégico. Aplicar la pena capital a terroristas puede eliminar físicamente a un atacante, pero no necesariamente desactiva la maquinaria que lo produce. Por el contrario, en contextos donde el martirio es exaltado, financiado o convertido en capital político, la ejecución no opera como disuasión sino como combustible. El muerto deja de ser un criminal para transformarse en emblema. Y en una cultura donde la muerte puede ser leída como honor, castigar con la muerte no siempre inhibe: a veces glorifica.
Tampoco parece sólido el argumento de que así se evitarían futuros secuestros o canjes. Más bien podría suceder lo contrario: si ya no hay margen para negociar por prisioneros vivos, la violencia podría desplazarse hacia represalias aún más brutales, incluyendo asesinatos filmados o intercambios de cadáveres. En lugar de reducir la amenaza, la medida corre el riesgo de endurecerla. No solo porque eleva la apuesta del enemigo, sino porque vuelve más frágil la posición de los rehenes y más compleja cualquier maniobra de contención.
A eso se suma una objeción institucional difícil de ignorar: una ley de este tipo pierde legitimidad si se aplica de manera desigual. Cuando en un mismo territorio conviven regímenes jurídicos distintos para poblaciones distintas, la norma deja de ser percibida como un instrumento de justicia y pasa a ser vista como un mecanismo de discriminación. Ese punto no solo erosiona la autoridad moral del Estado hacia afuera; también resquebraja su fortaleza interna, porque debilita la confianza en el sistema judicial y expone a sus instituciones a un desgaste profundo.
Por eso, el verdadero debate no debería girar en torno a si “el mundo lo aprobará” o “lo condenará”. La pregunta importante es otra: ¿esta ley protege mejor a los ciudadanos o los expone más? Y la respuesta, a la luz de los hechos, parece incómoda. Todo indica que la norma puede traer más problemas de los que resuelve: más odio, más propaganda enemiga, más incentivos para la radicalización y menos margen para administrar crisis futuras.
En el fondo, la discusión revela algo todavía más inquietante: cuando una decisión tan delicada parece responder más a la necesidad de sostener una coalición política que a una evaluación seria de seguridad, el Estado deja de pensar estratégicamente y empieza a gobernar bajo presión de sus sectores más duros. Y cuando eso ocurre, la firmeza deja de ser fortaleza y empieza a parecerse demasiado a la improvisación.