El comité de Finanzas de la Knesset aprobó este martes la transferencia de casi NIS 100 millones (unos 33 millones de dólares) destinados a escuelas ultraortodoxas, en una decisión que reaviva el debate político sobre el financiamiento estatal y el contenido curricular en Israel.
La medida forma parte de un paquete mayor de fondos que había sido parcialmente congelado por la Corte Suprema de Justicia, en medio de cuestionamientos sobre su legalidad y sobre si estas instituciones cumplen con los requisitos educativos básicos exigidos por la ley.
Fuerte disputa política en el comité
La decisión se tomó tras siete horas de debate marcado por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Los fondos están destinados a redes educativas vinculadas a los partidos ultraortodoxos Shas y United Torah Judaism, que gestionan miles de estudiantes dentro del sistema escolar religioso.
La oposición, encabezada por el partido Yesh Atid, denunció la votación y acusó al gobierno de priorizar el financiamiento de instituciones que no enseñan el currículo básico obligatorio.
Desde el espacio liderado por Yair Lapid, se calificó la decisión como una asignación de recursos a “desertores del servicio militar y estructuras corruptas”, en referencia a sectores ultraortodoxos que mantienen exenciones del servicio obligatorio.
La votación se realizó en un clima de tensión política, con legisladores opositores que abandonaron la sesión en protesta por la falta de tiempo para analizar la documentación presentada por el Ministerio de Educación, que incluía cientos de páginas sobre el nivel de enseñanza en las escuelas ultraortodoxas.
Debate por el currículo y la educación
El centro del conflicto gira en torno al contenido educativo. Según datos oficiales del Ministerio de Educación, una proporción muy baja de docentes en estas instituciones cuenta con certificación para enseñar materias clave como inglés o matemáticas.
Estas cifras alimentaron las críticas de la oposición, que sostiene que el Estado financia sistemas educativos que no cumplen con los estándares curriculares exigidos, especialmente en asignaturas consideradas fundamentales para la integración laboral futura.
La controversia se enmarca en una discusión de larga data en Israel sobre el equilibrio entre autonomía educativa religiosa y estándares estatales mínimos.
En paralelo, representantes de partidos ultraortodoxos defendieron el sistema educativo de sus comunidades. El legislador de Yitzhak Pindrus afirmó que no existen docentes sin certificación en estas escuelas y sostuvo que el nivel de inglés y matemáticas en instituciones femeninas ultraortodoxas es «el más alto del país».
Según informó Reuters, la disputa por el financiamiento refleja una tensión estructural en la política israelí entre prioridades presupuestarias, control judicial y el rol del Estado en la educación religiosa.
El conflicto también se produce en un contexto de aumento general de fondos estatales destinados a la educación ultraortodoxa, tras la aprobación del presupuesto nacional reciente, que incrementó significativamente las partidas para estas instituciones.
Diversas organizaciones civiles han advertido que estas transferencias podrían entrar en conflicto con fallos previos de la Corte Suprema, que cuestionó la asignación de fondos sin cumplimiento estricto de requisitos legales.
Mientras tanto, el oficialismo sostiene que los fondos ya estaban comprometidos dentro del marco presupuestario y que su ejecución responde a decisiones administrativas previas.
El debate deja en evidencia una de las divisiones más profundas dentro de la sociedad israelí: el rol del Estado en la educación, la relación entre religión y políticas públicas, y el equilibrio entre decisiones parlamentarias y control judicial.
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